A la vez sostuvo que son “tres millones seiscientos mil chicos los que reciben la asignación y 16 mil millones de pesos al año los que se manejan, lo que eleva el piso de arranque de una familia, y también equipara derecho, porque el que tiene trabajo formal tiene el salario familiar, y el que no, cobra la AUH; el tercer elemento claro es que aumenta el consumo y mueve la economía local”.

En este contexto, detalló que “la asignación debería ser una ley y ser un derecho permanente, y el resto de los planes sociales ir reconvirtiéndolos en el mundo del trabajo”.

Sostuvo que “el panorama de 2009 a la fecha ha cambiado mucho y no solamente por la AUH, sino que hay que tener en cuenta que la Argentina tiene cuatro clases: una es la población que no tiene lo mínimo y sufre pobreza estructural, casi el 20%; hay una segunda Argentina que es la vulnerable, que es la que tiene trabajo informal; la tercera es la clase media, que tiene trabajo formal y planifica para conseguir cosas y una clase alta que tiene capacidad para concentrar capital”.

Ante esto dijo que “esta situación produce un quiebre y genera que muchas personas no entiendan el apoyo a los sectores pobres del país, y me parece que el ir generando mecanismos en el que los planes sociales se conviertan en fuentes de trabajo va a ir achicando ese problema”.