A través de la fuerza de un decreto emitido por el Ejecutivo Nacional en noviembre del año pasado, el 1.694/2009, se fijaron nuevos incrementos que promedian el 150% para los montos que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) deberán pagar a los empleados que sufran accidentes o fallezcan en sus puestos de trabajo.

En consecuencia, desde enero las aseguradoras de trabajo empezaron a trasladar a las empresas este fuerte ajuste que va del 30% al 80% en los aportes mensuales que deben pagar las empleadoras dependiendo del tipo de empresa, de la cantidad de empleados que tiene y del grado de siniestralidad de la actividad que realiza.

En concreto, este decreto exige a las ART que los montos indemnizatorios que deban percibir los empleados accidentados sean muy superiores a lo que venían cobrando. Tanto es así, que los valores considerados antes del decreto como máximos ahora son "el piso" indemnizatorio.

En medio de este remezón a las prestadoras y la infinita cantidad de cálculos que desde ahora deben sacar, las prestadoras han aplicado este incremento a partir de las pólizas que han ido renovando.

Según confirmó desde Buenos Aires el presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), Jorge Aimaretti, "desde dicha fecha (noviembre) las ART estamos brindando prestaciones sin topes en valor absoluto, con pisos prestacionales de $ 180.000 (valor que antes era "techo") proporcionales al porcentaje de incapacidad, y con sumas únicas (previstas para las incapacidades definitivas parciales graves, totales y fallecimientos) que más que duplican los valores vigentes antes del decreto".

Y de acuerdo a esto "las ART hemos venido absorbiendo el mayor costo prestacional. Desde enero se ha comenzado un traslado gradual a las empresas", declaró el presidente de la UART.

Hilando aun más fino esta importante suba, Aimaretti explicó que "del total de la cartera de empresas afiliadas (que tiene el sistema), en el mes de enero sólo recibió ajustes un 30%. Dentro de este grupo, el 96 % de los ajustes no superan el 50% y sólo un grupo minoritario (menos del 1% de las empresas) está recibiendo un aumento mayor al 80% debido fundamentalmente a la distribución salarial de su nómina y a la siniestralidad de la actividad y de la empresa", indicó.

Para ejemplificar y comprender el aumento, el ejecutivo dijo que "aquellas empresas de similar actividad y siniestralidad, la eliminación del techo indemnizatorio afectará mayoritariamente a aquellas con salarios altos, mientras que la fijación del piso afectará a aquellas con salarios bajos (por el alto porcentaje de aumento). Es decir que, a igual siniestralidad, cuanto más cerca se encuentre de los extremos, mayor será el ajuste, de igual manera que cuanto más cerca se esté del promedio salarial, menor será el ajuste", aclaró con el fin de que las empresas comprendan el panorama.

Así, el costo mensual por empleado pasó de $ 39,8 a $ 50,4 y en este caso la suba promedia el 45%. Para las empresas, por su parte, la tarifa promedio se llevó del 2,7% al 3,8% del sueldo de los empleados. Este porcentaje implica un pago promedio de $ 156,3 por cada trabajador.

En líneas generales, las empresas medianas (de 45 empleados) sufrieron un aumento promedio del 45% y para todas aquellas empresas grandes (de 120 empleados) la suba es del 60%.

Esto de que el monto considerado "techo" pasa a ser "piso", "introduce una modificación importante en cuanto a los valores de lo contractual", señaló Ricardo Fusari, jefe de la agencia local de la aseguradora Profru, quien además señaló que esta aseguradora aumentó su tarifa un 10%.

Aún así, este ejecutivo puntualizó que "no es un incremento taxativo" porque no todos los contratos o pólizas de seguro "se ajustan de la misma manera" e, inclusive, cada aseguradora hace su ajuste de acuerdo a una "heterogeneidad muy grande de empresas".

Los Andes consultó además a otras aseguradoras nacionales con presencia local tales como Berkley, Mapfre y Asociart en cuanto a sus aumentos y tarifas pero estas empresas prefirieron no manifestar su opinión.

Según un ejecutivo mendocino que prefirió ocultar su identidad, hubo un "paro en la emisión de pólizas de dos semanas que se estableció cuando se fueron conociendo las tarifas". Este aumento de las tarifas surgido del decreto ha provocado que algunos sectores industriales "como la construcción" no sean tomadas por las compañías por el riesgo y el déficit que le genera a las aseguradoras", declaró.

En cuanto al aumento, Fusari dijo que "este Gobierno no debería producir aumento porque este sistema ya está muy vapuleado y golpeado por la Justicia".

El gerente local de Profru hizo alusión a ciertas patologías o enfermedades no listadas (de carácter inculpable) o límites que establece la Ley de ART (N° 24557) y que luego por la vía judicial las prestadoras deben cubrirlos porque "la Justicia hace lugar y hay que pagarlas".