Tras el escándalo desatado por el pedido de dos mil pesos efectuado por la directora de Bienestar Social, Mercedes Castillo a numerosos comerciantes de la localidad con el propósito de solventar los gastos de traslado y alojamiento de un grupo musical, la secretaria del Área, Lucía Ayuso, aclaró que la maniobra pergeñada por Castillo no fue de mala intensión sino que se trató “de un mal paso administrativo”.
Finalmente la funcionaria minimizó el pedido de dinero a los comerciantes estrictamente prohibido por ley al recalcar que “se hizo mal un paso administrativo”. “Desde la Dirección salió una nota pidiendo plata a los comercios para colaborar con un espectáculo que se quería traer para el día del niño. Se devolvió el poco dinero recaudado, se pidió disculpas a los comerciantes y remarcamos que no hubo una mala intención de parte de la Dirección ni mucho menos, simplemente se quería traer un espectáculo para los chicos y que no pudo ser, quizás mas adelante se pueda traer”, expresó para finalizar.
De todos modos y pese a los paños fríos que intentó poner Ayuso, fuentes cercanas a la justicia indicaron que en el transcurso de la semana una veintena de comerciantes desfilaron por el despacho del juez Oldemar Villa decididos a instar una denuncia penal no solo contra la funcionaria que pedía dinero sino también contra el municipio, “porque dicen que ya están cansados de que les pidan plata para todo y a veces hasta para pavadas, siendo que es algo ilegal”, le habrían indicado los comerciantes al magistrado, según confiaron las fuentes.
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