“Por presiones de la asociación civil “Portal de Belén”, se intentó convencer a la familia de una menor de 13 años para que no abortara en la Maternidad Provincial, y eso es un delito”, señaló ayer Marta Alanis, referente de “Católicas por el Derecho a Decidir”, a LA MAÑANA.

Alanis relató que el caso se dio una semana después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho al aborto no punible en caso de embarazo por violación.

Según dijo, miembros de esa agrupación católica “persiguieron” a la familia de una menor de 13 años para convencerla de que no interrumpiera su embarazo y siguieron “ejerciendo presión”, aun cuando finalmente se logró trasladar a la niña a otra provincia para que abortara.

El relato de Alanis va en sintonía con la denuncia que ayer publicara este diario del abogado Claudio Orosz. Este letrado dijo que una jovencita de 11 años que él asesoró, embarazada por una violación, fue obligada a realizar una denuncia en la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño, lugar donde habría sido interceptada por el legislador provincial y titular de la asociación civil “Portal de Belén”, Aurelio García Elorrio.

Según Orosz, García Elorrio intentado revertir la decisión de interrumpir el embarazo que había tomado la familia de la niña, y hasta habría ofrecido conseguir una familia a la cual dar en adopción al bebé.

Orosz reafirmó ayer las declaraciones realizadas a LA MAÑANA en varios medios que lo consultaron, reiteró que es necesario que se investigue cómo se filtró el dato de la niña que denunciaba haber sido violada y fue más allá al decir que “correspondería una fuerte sanción a la persona que haya hecho pública tal situación”.