En la sesión de este miércoles de la Cámara Baja provincial, ingresaron y pasaron a Comisión para su estudio dos proyectos de ley de la diputada del Frente Entrerriano Federal (FEF), Rosario Romero, acompañada por la firma de sus compañeros de bloque, los diputados Diego Lara y Fabián Flores. El primero, impone fuertes regulaciones y controles al uso de agroquímicos en todo el territorio provincial; y el segundo persigue el objetivo de reglamentar la potestad constitucional de las Cámaras Legislativas de requerir Pedido de Informes al Poder Ejecutivo, prevista en el artículo 117º de la Carta Magna entrerriana.

Respecto de la primera de las iniciativas, la legisladora expresó que "el proyecto tiene por objeto generar una herramienta legal que permita una regulación integral del uso de productos fitosanitarios con destino agropecuario en nuestro territorio, sobre la base de principios protectorios del ambiente, la salud humana y la sustentabilidad de nuestro suelo".

Dentro del extenso articulado de la norma, se dispone, entre otros puntos, que "quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley y sus normas reglamentarias la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y disposición final de envases de productos fitosanitarios cuyo empleo, manipulación y/o tenencia a cualquier título comprometa la calidad de vida de la población y/o el medio ambiente".

En otro de sus artículos se dispone la creación de un “Fondo Especial para la Fiscalización y Promoción del uso racional de Productos Fitosanitarios”. Al respecto, Rosario Romero aclaró que "dicho fondo se verá integrado por los aranceles que perciba la autoridad de aplicación en concepto de inscripciones, por las multas que se impongan por la aplicación del nuevo régimen, por liberalidades que reciba y por todo otro recurso que presupuestariamente se le asigne".

Finalmente, la diputada Romero expresó: "Tenemos la convicción de que estamos frente a un problema que recién está comenzando a mostrar sus nocivos efectos, los cuales, se verán agravados en un futuro si no se toman medidas de diverso orden para prevenir todo cuanto sea materialmente posible".

Reglamentación del Pedido de Informes

Con respecto a la necesidad de reglamentar esta herramienta constitucional, la diputada del FEF sostuvo que "haciendo un análisis de la cuestión desde la teoría política, nos encontramos ante un escenario de preeminencia política por parte de los Poderes Ejecutivos. Es esa una realidad histórica y actual de los sistemas presidenciales de las democracias latinoamericanas, que se refleja también en los escenarios provinciales en cabeza de los gobernadores".

En cuanto a la realidad provincial Rosario Romero puntualizó que "en lo que va de la actual gestión legislativa se han presentado aproximadamente setenta (70) Pedidos de Informes que no han obtenido contestación alguna por parte del Poder Ejecutivo. Si a ello le sumamos el número acumulado de aproximadamente 250 Pedidos de Informe presentados durante la gestión 2007/2011 que tampoco fueron respondidos podemos visualizar claramente que la situación es institucionalmente grave por cuanto si esta potestad legislativa es desoída o negada por el órgano ejecutivo, poco se fortalece la democracia y nuestro sistema republicano de gobierno, generando contrariamente un debilitamiento de la Legislatura en contraposición a las cada vez mas amplias facultades ejecutivas".

"Indudablemente resulta imprescindible para el sistema institucional entrerriano fortalecer los mecanismos de control previstos en la Carta Magna para que el Parlamento local ejerza efectivamente sus facultades, ya que si a ello le sumamos las sucesivas delegaciones de poder o facultades que han sido dadas por las propias cámaras legislativas en favor del Poder Ejecutivo, tenemos como resultado un aumento de poder en cabeza de un solo estamento", recalcó la legisladora.

Luego agregó que "la falta de respuestas en tiempo y forma de los pedidos de informes impide el ejercicio de las competencias constitucionales y afecta la calidad institucional ya que impide al legislador ejercitar sus funciones de control, por lo que este proyecto de ley aspira a darle un giro revitalizador a la comunicación entre poderes otorgándole una herramienta a los legisladores para no ver frustradas sus acciones de control".

"Estamos convencidos de que con el presente proyecto damos mayor eficacia a nuestro sistema constitucional de equilibrios y división de poderes", sostuvo finalmente la diputada Rosario Romero.