Pasadas las 9, comenzó la audiencia en la cual comparecieron diez asambleístas de Gualeguaychú querellados por el corte de ruta en Arroyo Verde tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la instalación de Botnia en Fray Bentos.

Afuera, un nutrido grupo de personas, cortó el tránsito en calle 25 de Mayo, cantaron el Himno Nacional y repartieron volantes para interiorizar a la ciudadanía sobre la lucha ambiental. Organizaciones sociales mostraron el apoyo a la lucha por el medioambiente y se mostraron en contra de la judicialización de la protesta.

El asambleísta, José Pouler, señaló que se han demostrado episodios de contaminación de la pastera y sostuvo que “alrededor de 200 personas llegaron de Gualeguaychú para acompañar a las personas que sufren esta persecución. Esperemos que la decisión sea la correcta, porque los compañeros citados no son delincuentes, sino luchadores sociales. El corte de ruta fue porque nadie nos prestaba atención y esa fue la única manera de lograrla”.

Por su parte, el abogado y asambleísta denunciado, Osvaldo Fernández, sostuvo que “esto es parte de la criminalización de la protesta social, en un tema que es eminentemente político”.

Por su parte, Luis Leissa manifestó que “el espíritu es ratificar que esta cuestión no debe debatirse en el ámbito judicial, porque es un tema de política ambiental y social que preocupa a Gualeguaychú. Esto debe debatirse de otra forma. El derecho a la protesta tiene raigambre constitucional”, enfatizó en declaraciones. “Hay elementos contundentes para advertir que no hay delito. Hay una protesta que se ha encaminado por sus carriles pacíficos, por lo que creemos que deben atenderse estos argumentos, enfatizó.

Por su parte, el abogado Rubén Pagliotto, defensor de dos de los asambleístas citados, sostuvo que “si bien existe una norma prohibitiva respecto a que no se puede interferir en la libre circulación, hay elementos que hacen que se genere en la conciencia de los asambleístas la idea de que tenían una suerte de permiso para hacerlo”. Y explicó que “hay una ley que declara paraje histórico a Arroyo Verde y destaca la actitud de los ciudadanos de Gualeguaychú; la pasividad de la Justicia y Gendarmería; los argumentos del propio gobierno argentino ante un reclamo de Uruguay donde se sostiene el mayor rango del derecho a peticionar por la vida, por sobre el de circulación. El cuarto elemento es el convencimiento de la gente, una suerte de legítima defensa frente a la agresión del medio ambiente. Eso es lo que sostuvo Pimentel señalar que no hay elementos para llamar a indagatoria”.