La posibilidad de la reforma de la Ley 5.001 que desde 2003 prohíbe la explotación minera a cielo en Chubut estará en el centro del debate.

Por el Foro Ambiental y Social de la Patagonia de Comodoro Rivadavia, Zulma Usqueda indicó: “la gente se va a movilizar mucho más si se avanza en la derogación de la 5.001, y si lo hicieran hay conciencia sobre la importancia de la movilización ante estos hechos”. En este contexto consideró que Esquel “es un ejemplo” en este sentido.

“Nunca pensaron que iban a encontrar con un pueblo tan luchador, que dio origen a la Ley 5.001 que prohíbe la minería a cielo abierto, con cianuro. Es una ley que se quiso derogar desde que nació pero a partir de 2004, 2005, nacieron muchos movimientos y grupos de vecinos que defienden la ley e intentamos contra todos los pronósticos seguir adelante”, afirmó.

Luego planteó nuevamente que la elección del cianuro en la explotación minera es innegable. Es que se utiliza debido a su bajo costo y su rápida reacción. “Los capitales extranjeros buscan extraer la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible, ahora sobre las consecuencias que tiene esto seguramente ellos no se harán cargo, y seremos nosotros los que nos vamos a hacer cargo de la salud de nuestros hijos por la utilización de este contaminante”, denunció.

OPOSICION

El lema del encuentro que se realizará en Puerto Madryn, plantea que la meseta de Chubut “no es zona de sacrificio, la cordillera y la costa tampoco”. Reclaman un territorio libre de megamineria por el agua y la vida.

Entre las asambleas de la Patagonia aún resuena “el triunfo” que significó el plebiscito realizado en Loncopué, Neuquén, donde se rechazó la minería por considerarla “contaminante”.

Más del 80 % de los ciudadanos de esa localidad neuquina se expresó en contra de la instalación de proyectos de empresas mineras para la extracción de cobre.

Si bien el gobernador neuquino Jorge Sapag indicó que planteará ante el Tribunal Superior de Justicia “una cuestión de conflicto de poderes” y cita el artículo 311 de la Constitución Provincial --que según asevera-- no faculta a los municipios a convocar consultas populares obligatorias y vinculantes, las asambleas sostienen que este es el segundo revés importante en la región contra las mineras, después del plebiscito de Esquel en 2003.