Integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú dieron su punto de vista sobre la evolución del conflicto binacional entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera UPM, ex Botnia.

Más allá de las declaraciones del canciller argentino, Héctor Timerman, que dio por superada la controversia tras el acuerdo para realizar un monitoreo sobre la planta, los ambientalistas de Gualeguaychú aseguraron “que hay varias cuestiones por resolver”.

Así lo expresó Luis Leissa, uno de los abogados de la Asamblea, quien explicó que "el conflicto de Botnia no está cerrado, porque hay varias cuestiones por resolver" y agregó que "la comunidad de Gualeguaychú no puede dar por cerrado el conflicto". "Todo lo que es el control de inspección de la planta y el ingreso a la misma se tiene que analizar y cumplir con el acuerdo", argumentó Leissa.

El próximo jueves 19 de agosto vence la tregua de 60 días dispuesta por la Asamblea para permitir una negociación de ambos gobiernos para un monitoreo de la planta de Botnia y del Río Uruguay.

Angel Frías, un asambleísta del sector más duro, advirtió sobre el corte de ruta, hoy en suspenso, que "los políticos son mentirosos, porque no era la solución mantener el corte, pero era la manera de decir que hay un pueblo luchando por lo que no luchan los gobiernos".

"Si la lucha continúa de esta manera, diciéndole sí a los políticos, vamos muertos", afirmó en su visión crítica hacia los acuerdos políticos. En tanto, se confirmó que el Gobierno denunció a la Asamblea ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por el corte de la ruta internacional 136, pero también por una caravana realizada en la ruta nacional 14 el pasado 30 de mayo, tres semanas antes de que se levante el bloqueo.

Por el corte en la ruta al Uruguay fueron denunciados 10 asambleístas y por la caravana en la ruta nacional 14 otros 12; pero como cinco dirigentes se repiten, se encuentran querellados ante la Justicia un total de 17 integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.

En ambas denuncias, se repiten los nombres de los asambleístas Martín Alazard, Jorge Fritzler, Paola Robles, José Gómez y Alejandra Crimella, pero hay 5 más en la primera demanda por el corte de la ruta al Uruguay, y siete más en la querella por la caravana en la ruta nacional 14.