La imputación judicial a Daniel Giacomino por presunto abuso de autoridad abre un proceso cuyas derivaciones jurídicas respecto de la suerte personal que correrá el intendente se desconocen. Por ahora, sí está claro que la movida hace “ruido” político en medio de la transición local y también del proceso electoral que lo cuenta como postulante a diputado nacional para los comicios del domingo 23.

Pero más preocupantes que esa comidilla política de corto alcance resultan, en cambio, otras certezas que el proceso va exhibiendo.

Una de ellas se reitera hasta el hartazgo. La referencia es para la mora de la Justicia de Córdoba en investigar cuestiones que involucran a quienes están en el poder, máxime cuando están en juego licitaciones o decisiones de orden público que implican mucho dinero.

La imputación conocida ayer trae al recuerdo la ofensiva judicial que hubo sobre el ex intendente Germán Kammerath a fines de 2003, cuando estuvo a punto de ir preso, acusado de hacer retenciones salariales indebidas a los municipales. Esa aparente irregularidad se había cometido varios años antes, pero la Justicia recién lo acorralaba cuando estaba a punto de dejar el poder.

En el caso de Giacomino, la denuncia del Tribunal de Cuentas referida a la licitación del sistema de pago del transporte se hizo en marzo pasado, cuando todavía el contrato con Siemens IT no estaba firmado y a diario se conocían nuevas críticas sobre ese proceso.

La imputación salió a la luz recién ayer, en rara coincidencia temporal con dos hechos: fue el mismo día en que Giacomino iniciaba una licencia para dedicarse a la campaña, y en la jornada en que el municipio inició la distribución de 600 mil tarjetas electrónicas, lo que puso en vigencia el servicio de Siemens IT.

La otra cuestión que al parecer seguirá incólume pese a la actuación judicial es la vigencia de ese contrato durante 10 años, por el cual los usuarios del transporte deberán pagar una intermediación privada que se quedará con el 8,4 por ciento del costo de cada boleto.

Hasta ahora, nada indica que se vaya a modificar la médula de un negocio ruinoso para los intereses de la ciudad, salvo que el intendente electo, Ramón Mestre, avance en su anunciada intención de “revisar” ese vínculo, con el riesgo implícito de generar otro juicio millonario.