EL ARTÍCULO DE LA DISCORDIA

Luego de sancionar por unanimidad el proyecto por el derrumbe, los diputados porteños se enfrascaron en un ríspido debate en torno a un proyecto que promovía la adhesión a la Ley Nacional que regula la actividad farmacéutica en la Ciudad. Si bien la ley consistía en un solo artículo, hubo un duro cruce de acusaciones entre el PRO y el Frente para la Victoria

Este jueves la Legislatura aprobó la adhesión a la Ley Nacional 26.567, sancionada el 25 de noviembre de 2009 y promulgada de hecho el 17 de diciembre de 2009, que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica. La norma fue sancionada en general por 32 votos positivos, 21 negativos y el diputado Oscar Moscariello (PRO), quien presidió la sesión se abstuvo.

Entre los fundamentos del despacho surgido del expediente presentado por el diputado Rubén Campos (UCR) y que tuvo consenso de la mayoría de los diputados del Cuerpo, se destacaba que "la falta de aplicación de la ley nacional que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica, y que prohíbe la venta de medicamentos fuera del circuito de las farmacias, provoca un vacío legal, que posibilita formas de comercialización por fuera del lugar natural de su expendio, como son las farmacias".

Durante el debate el diputado Helio Rebot (PRO) argumentó la postura de su bloque que había presentado como despacho de minoría un proyecto de Régimen de Comercialización de Medicamentos. En primer lugar pidió la reserva del expediente en secretaría para modificar el artículo 1.

"Estamos tratando un despacho que implica la adhesión o la no adhesión a una ley nacional. La Ciudad también puede establecer un régimen para la actividad farmacéutica como para otras actividades, ésta es una deuda. A nivel internacional existen múltiples políticas para satisfacer las condiciones de acceso a la población más desprotegida, porque el medicamento es un bien de naturaleza social. La Ciudad tiene derecho en sancionar una normativa que se aparte de la normativa nacional".

Luego puntualizó que una persona tiene que hacer la misma cola para adquirir un medicamento con receta que para comprar uno de venta libre. Y en otro tramo de su argumentación manifestó su preocupación por los trabajadores del sector: "Las farmacias no deben ser discriminadas por tamaño o forma de expendio, porque igual las atienden profesionales farmacéuticos".

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud, Jorge Selser (PSur), expresó brevemente que "las comisiones de Salud y de Desarrollo Económico vienen discutiendo este proyecto hace más de un año". Fundamentó también la postura de su bloque al afirmar que "la Ley Nacional a la que está por adherir la Ciudad establece sanciones claras; por otro lado las farmacias son habilitadas por el Ministerio de Salud de la Nación y los locales son habilitados por el Gobierno de la Ciudad".

En tanto, el diputado Campos afirmó que "se buscaron acuerdos y consensos pero no se alcanzaron; toda la comunidad farmacéutica está pendiente de la sanción de esta ley porque es el único distrito que no adhirió a la ley nacional, donde se sigue tomando el medicamento no como un bien social sino como un bien de consumo".

El diputado Gonzalo Ruanova (NE) expresó en cuanto al debate del proyecto: "Recibimos las propuestas y las voces de todos los actores involucrados", además sostuvo que esta ley "trata de evitar que el suministro de medicamentos se constituya en un problema de salud pública, de evitar que se vendan medicamentos de cualquier forma".

Ahora bien, el PRO no quería sancionar este proyecto e intentó por todos los medios prolongar el debate lo suficiente como para que la oposición quedara más diezmada, dado que algunos diputados tenían compromisos asumidos. En ese sentido, el diputado Martín Ocampo planteó una serie de dudas respecto de cómo se iba a aplicar la norma nacional a la que se adhirió, siendo que la Ciudad tiene una serie de regulaciones particulares.

Sin embargo, Campos pidió el cierre del debate sin lista de oradores y eso despertó una dura polémica entre oficialismo y oposición. El diputado Ocampo planteó una cuestión de privilegio asegurando que no es democrático cercenar el debate, frente a lo cual el diputado Juan Cabandié (Encuentro Popular para la Victoria) expresó: "Pensé que los únicos privilegios que defendía el PRO eran los de Farmacity". Por supuesto, Ocampo no tardó en responder: "Me extraña que los que financian las campañas con plata de los medicamentos sean los acusadores".

Pero esto no fue todo. Rebot pidió nuevamente la palabra y perdió la compostura que había tenido en su intervención anterior. "¿Dónde está la coherencia de quienes quieren despenalizar el consumo de marihuana pero se escandalizan con que se vendan analgésicos en la góndola de una farmacia?. O será que los menemistas de antes no son tan kirchneristas hoy. Son peronistas criados en cautiverio como dijo un diputado de extracción radical".

Finalmente el único artículo de la ley también fue votado positivamente y la sesión llegó a su fin.

Al respecto el titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Aizcorbe, afirmó que "con la aprobación de la ley que regula la venta de medicamentos en la ciudad de Buenos Aires, algunas farmacias pierden el criterio supermercadista". Según el dirigente el próximo paso es la sanción de una ley que prohíba a Sociedades Anónimas, o SRL ser dueñas de farmacias. Así sucede en provincias como Mendoza, lugar del que una cadena de farmacias debió partir, porque allí las farmacias tienen que ser de personas físicas.

"La cantidad de farmacias por cuadra reguladas en base a la densidad poblacional y la prohibición de la venta de medicamentos y alimentos en un mismo local comercial en la ciudad de Buenos Aires son los próximos objetivos", adelantó Aizcorbe.

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