Aguas Rionegrinas tiene en la calle más de 38 millones de pesos, y adeuda alrededor de 18 millones; de acuerdo a las cifras que ayer difundió el Sindicato de Trabajadores del Saneamiento (Sitsa) que junto con otros gremios como la Federación nacional del sector y la UNRN lanzó una ofensiva contra el secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas, Roberto Meschini, quien realizó un crítico análisis de su operatividad.

La Minera Sierra Grande tiene una facturación pendiente de pago superior a los 3,4 millones, los consorcios Costa Norte y Sur de Cipolletti y juntas vecinales de Bariloche están al borde de los seis millones y los subsidios de los que no pueden pagar suman 12,7 millones.

A este cuadro, se agregan los consumos no cancelados de municipios por 10,3 millones, los edificios públicos por 4,5 millones y trabajos de comisiones de fomento por 1,5 millones.

Las obligaciones pendientes reúnen 4,5 millones a proveedores, 3,6 millones por planes de pago de la seguridad social, 1,7 millones por impuestos, 401.027 pesos por créditos, 218.985 en fondos de terceros y 7,2 millones en contratos de "leasing". El Departamento Provincial de Aguas (DPA), como ente regulador del servicio, recibió este año un pedido de aprobación de incremento tarifario por un 25% más.

"Estos números se los entregamos al gobernador Alberto Weretilneck y al presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, están en manos de todos, y ésta es la situación de la empresa, por lo tanto los trabajadores no tenemos la culpa" de la situación en que opera; afirmó ayer a "Río Negro" el representante en el directorio por los trabajadores, Eduvigen Hernández, y secretario gremial de Sitsa.

La decisión de dar a conocer estas cifras están relacionadas con la preocupación que causó la evaluación de Meschini, a quien desde esas organizaciones sindicales, le preguntaron "si pretende que una empresa se financie con la tarifa de sus servicios" lo cual a criterio de estas entidades "no ocurre en ninguna parte".

En cuanto al supuesto exceso de personal observado por el secretario, Hernández también lanzó un interrogante sobre "dónde se tomó gente demás" en relación a un supuesto sobrante de 116 trabajadores.

La posición gremial califica a las "imprecisiones" de Meschini como "alarmantes" al considerar la supuesta duplicidad de su masa salarial y un incremento del 20% en la planta de personal. Sitsa, Fentos y UPCN remarcaron que el funcionario "no dice en cuánto tiempo se produjeron estas variaciones lo que descalifica sus afirmaciones".

Insistieron en que "el objetivo de esta empresa no es el lucro ni la rentabilidad sino la prestación social que representa su accionar" porque "la relación agua potable y sistemas de saneamiento accesibles, es igual a población más sana".

Rechazaron que se haya producido un doble aumento en la política salarial.