Arroyito: municipio desistió de un juicio por el “impuesto a la valija”

Había sido iniciado contra la empresa Molinos Cañuelas. Ahora la intendencia deberá abonar las costas de abogados.

El juez de Competencias Múltiples de Arroyito, Alberto Larghi, aceptó el desistimiento de la Municipalidad de Arroyito en el juicio iniciado contra Molinos Cañuelas SACIFIA por el cobro de la tasa conocida popularmente como “impuesto a la valija”. El magistrado ordenó de inmediato que el municipio pague las costas del pleito, lo que significa que se abonarán casi 7 mil pesos en concepto de honorarios de los letrados patrocinantes de la demandada.

Según informa el semanario “Eco del Xanaes”, la Municipalidad desistió de continuar las acciones legales por consejo de los abogados Cristian Langer y Cristian Acrich, quienes expusieron que, a partir de fallos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en los que adhiere a la postura de la Corte Suprema de Justicia por el no cobro de tributos municipales a contribuyentes de extraña jurisdicción, el municipio no tiene otra opción que retirar la demanda.

En la Resolución 317/2012 fechada el 1 de agosto, el juez Alberto Larghi aceptó el desistimiento de la Municipalidad y reguló los honorarios de los abogados de la empresa demandada. El fallo cobra relevancia debido a que son numerosos los municipios cordobeses que intentan percibir la denominada “Tasa de higiene y seguridad” a contribuyentes que están radicados fuera de las localidades.

En 2008 se aprobó una ordenanza que estableció el cobro de tributos a contribuyentes de extraña jurisdicción a través de un convenio con el estudio jurídico de Langer y Acrich, especializado en la materia. La demanda contra Molinos Cañuelas fue iniciada en el año 2010 y forma parte de al menos 40 juicios promovidos por la Municipalidad de Arroyito por el cobro del “impuesto a la valija”.

Vale recordar que, sintéticamente, el dictamen de la Corte Suprema establece que no se debe cobrar esa tasa porque no existe una verdadera prestación de servicios por parte del municipio. Este revés judicial se produce en un momento en que la Municipalidad atraviesa una crisis económica importante.

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