El déficit habitacional y las numerosas urbanizaciones sin planificación llevaron al gobierno municipal a iniciar un debate sobre el uso del suelo y el destino que se le darán a las tierras aún disponibles para el crecimiento de la ciudad. Este será el tema central que evaluará la comisión encargada de reformular el Plan Urbano Ambiental (PUA), creada días atrás por el Concejo Deliberante a pedido del Ejecutivo.

La comisión, integrada por concejales de todos los bloques políticos y funcionarios del municipio, tendrá como desafío elaborar un plan que supere los escollos del PUA redactado en 1996. Esta norma nunca terminó de reglamentarse y quedó sepultada por una extensa lista de modificaciones parciales, al punto que las excepciones se volvieron regla.

Como consecuencia del desorden normativo, el Concejo declaró a la ciudad en 2009 en “crisis urbano ambiental”, estado vigente hasta hoy. La mayoría de la enmiendas al PUA durante los últimos 20 años estuvieron relacionadas con la creación de barrios cerrados y con la regularización de asentamientos, es decir, con el destino que se otorga a la tierra sin urbanizar.

En palabras de Adolfo Uriburu -presidente de uno de los organismos convocados para el debate: el Colegio de Agrimensura, Geología e Ingeniería-, “la ciudad viene creciendo por impulsos espontáneos”, lo que provoca problemas tanto con la provisión de servicios básicos como con el ambiente, particularmente con el sistema pluvioaluvional. “En el Oeste tenemos calles que, al ser tan angostas, se convierten en canales de escurrimiento de aguas pluviales, porque la urbanización impermeabiliza el terreno que absorbe parte de la lluvia”, explicó.

Planteó que Neuquén es un valle angosto con muchas pendientes, por lo que “el descenso de las aguas pluviales es un tema crítico y no está siendo atendido ni por la Municipalidad ni por la Provincia de modo concatenado”. Una de las soluciones, opinó, sería cerrar los canales de desagüe con hormigón.

Respecto de la expansión de las áreas residenciales, señaló que “hay que trepar la barda; se acabó el valle”. Remarcó además que las tierras fiscales disponibles sobre la meseta no sólo pertenecen al municipio sino también al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) “y por eso se tienen que poner de acuerdo, trabajar juntos”.

Consideró también que, en la reformulación del PUA, “hay que seguir el ejemplo de Cipolletti, que no permite las excepciones”.

La concejal por el oficialismo Valeria Neculqueo coincidió en que uno de los problemas centrales del planeamiento urbano es que “hay mucha gente que está viviendo en lugares donde no debería vivir porque no tienen condiciones de habitabilidad”.

Agregó que “son más las excepciones por las cuales se ha legislado que el respeto que se le ha tenido al Plan Urbano Ambiental” y precisó que, entre los puntos a resolver, “hay barrios cerrados con muchas irregularidades y hay asentamientos precarios, que son los más preocupantes”.

Neculqueo es vicepresidenta del Caesyp, un organismo multisectorial de consulta que también participará de la reforma del PUA. Dijo que espera que este órgano sirva para “contar con todas las posiciones técnicas de las organizaciones que lo integran, como el Colegio de Arquitectos o el de Ingenieros”.

Está previsto que la comisión de reformulación del PUA comience a trabajar a principios de abril y logre un texto consensuado para agosto del próximo año.