Ante los numerosos proyectos para reformar el Consejo de la Magistratura, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, José Russo (MPN), confirmó que en breve iniciarán la discusión de un cambio en el método de selección de los jueces, probablemente la próxima semana. Ayer se sumaron dos nuevas propuestas de modificación de los bloques de la UCR y el Frente Grande-MUN. Se suman a otras nueve iniciativas presentadas desde 2008 a la fecha.

Russo ratificó la intención del oficialismo de analizar una reforma de la Ley 2.533, que creó el Consejo de la Magistratura, y anticipó que en breve llevará el tema a la comisión. Aclaró que, si bien algunos proyectos de modificación se archivaron, “se pueden tratar lo mismo, porque lo que vamos a debatir son conceptos”.

La expectativa de empezar a discutir las propuestas derivó en la presentación de dos proyectos más, pertenecientes a la UCR y el Frente Grande-MUN.

Los diputados radicales plantearon cambiar el orden de las evaluaciones y los puntajes de cada instancia, con el fin de “alcanzar una mayor objetividad”.

La propuesta abarca cuatro artículos de la ley. En primer lugar, plantean adelantar la entrevista personal de los candidatos y dejar como última instancia la evaluación técnica. Según los autores, el objetivo es “que el resultado final no se vea afectado según el criterio personal de cada consejero”.

Además, el proyecto prevé cambiar los valores máximos de cada etapa, con 20 puntos para antecedentes, 30 para la entrevista y 50 para el examen técnico. El principal argumento de esta modificación es “allanar el camino para aquellos postulantes del interior provincial que se encuentran con menores posibilidades de dictar cátedras, realizar posgrados y demás especializaciones”.

En cuanto al bloque del Frente Grande-MUN, la propuesta contempla eliminar la remuneración a los integrantes del Consejo, “a fin de disminuir el gasto público destinado a solventar una función que no implica una dedicación de tiempo completo”. Con el mismo argumento, se propone prohibir la designación de personal o asesores por parte de los consejeros.

También prevén que el jurado a cargo de la evaluación técnica mantenga en secreto su puntuación hasta que culmine el concurso “para evitar cualquier tipo de especulación”. Además, proponen excluir automáticamente “al concursante que no supere más del 50%” de los puntos previstos para el examen técnico.