El arquitecto Alberto Diez, uno de los tres imputados por la tragedia del supermercado Cooperativa Obrera, se despegó del propietario del edificio, Néstor Guerrero, y del capataz José Silva, a quienes responsabilizó por el derrumbe. En un escrito que presentó ante la Cámara de Apelaciones, la defensa remarcó su condición de "empleado" de Guerrero y prácticamente de "par" de Silva; negó cualquier tipo de vínculo con la construcción de los departamentos sobre la losa y aseguró que los otros imputados iniciaron una estrategia en su contra.

El abogado del arquitecto, Orlando Funes, se sumó el lunes a la audiencia convocada por la Cámara para que las defensas ampliaran los argumentos, pero no utilizó la opción. Sí escuchó las intervenciones de Pedro Telleriarte (defensor oficial de Silva) y de Martín Segovia (abogado de Guerrero), pero ya en el escrito que había entregado a los integrantes de la Cámara había anticipado sus planteos y adelantado que no hablaría en la audiencia.

Sólo un empleado

La estrategia que revela el escrito apunta, al igual que las planteadas por los otros defensores, a la figura del estrago doloso que, planteada por los fiscales y ratificada por el juez de instrucción, propone penas de entre 8 y 20 años. El abogado de Diez plantea la falta de mérito en la acusación, pero cuestiona que se optó por esa figura para "contentar a la opinión pública".

La defensa también sostiene que Diez era sólo un empleado de Guerrero y que por esa actividad cobraba un sueldo. Desde esa justificación se afirma que Diez no participó en ningún momento en la construcción de los departamentos y que "sólo firmó un esquema de verificación estructural que no hizo y que entendió hecho por alguien en quien confiaba y tiene razonablemente más capacidad técnica". La referencia es a Gustavo Altuna, quien, según Diez, era otro empleado de Guerrero y que, según lo han declarado testigos, se presentaba como ingeniero. En la investigación se demostró que en algún momento previo a la construcción de los departamentos todos conocieron que Altuna no había terminado sus estudios.

La firma

"Bueno es destacar que los planos se conforman por los profesionales bajo las directivas del propietario. El profesional no hace lo que quiere o lo que decide, sino lo que le piden; y en este caso le ordenan desde que hay vínculo patrón-empleado", se afirma en la presentación que los magistrados Richard Trincheri, Daniel Varessio y Héctor Rimaro tendrán que analizar antes del próximo lunes. Es otro de los argumentos para deslindar la responsabilidad de Diez sobre la tragedia, en tanto que "la firma al pie de un esquema de verificación hecho por Altuna no puede tener un reproche penal en el sentido causal del derrumbe, y mayor distancia toma si esa rúbrica lo fue por orden de su patrón".

"El derrumbe no acaece porque Diez firmara la verificación. Si la obra de estructura de la planta inferior era deficiente lo era ya al momento de firmarse el esquema", indicó el abogado, que atribuyó esa deficiencia a un problemas con el hormigón comprado por Guerrero para realizar la estructura, que según los informes preliminares, se constató como de menor calidad que el requerido para soportar la losa.

El complot

Bajo estos argumentos se afirma que Silva y Guerrero se unieron para culpar al arquitecto. Un punto clave de esto tiene que ver con que uno de los que vincularon a Diez con la obra de los departamentos fue el capataz. "Será por esto que Silva aduce mentidamente que Diez dirigió la obra, ya que ambos -Silva y Guerrero- se tienen además respeto, afecto, y podemos ver que han establecido estrategias defensivas conjuntas", apuntó el defensor.