Por eso, argumentó, se creyó más conveniente que el Concejo reunido en comisión delibere al respecto, tipifique los casos, y se expida sobre cada uno. La primera reunión, de la que sólo participarán los ediles, será el lunes a las 21. Armendáriz dijo que allí se tratará esa cuestión, y que las sugerencias o sospechas planteadas por el concejal Lissalde deberán ser presentadas ante la Justicia, y si no "será su problema".

Opinó que este tipo de circunstancias se da en toda la provincia, pero hay casos que no se plantean porque "son un disparate". Dijo que no hay antecedentes de una conflicto similar, pero que les tocará modificar el reglamento para resolver la cuestión en adelante.

También señaló que las reuniones no serán abiertas, pero que cuando haya definiciones se trasladarán al recinto. Asimismo, dijo que la ley es amplia y está hecha con la intención de evitar beneficios, pero que hay inhabilidades planteadas que son un disparate.

Vale recordar, que luego de los dos primeros casos planteados: Lissalde, por alquilar un inmueble que posee en condominio , a la municipalidad; Negri por su vínculo a la empresa constructura Bruno, se sumaron siete más.

Ellos son: Estella Dortona, su cónyuge sería proveedor del Estado; Armendáriz, porque su esposa brinda servicios médicos a los CAPS; Dalmazzo por desempeñarse en la Cooperativa Eléctrica; Tomatti por haberse desempeñado en Bruno Construcciones; Labernia porque su hermano sería proveedor del municipio; María Robles por ser su esposo proveedor; Zalazar por proveer servicio de emergencias médicas.