Estados Unidos también siente el impacto del narcotráfico. Después del arresto de 127 de sus agentes aduaneros, acusados de haber sido corrompidos por los narcos mexicanos, el operativo Rápido y Furioso pondrá en jaque a varios funcionarios. El programa, autorizado por el gobierno norteamericano, buscaba la introducción de armamento a México con el fin de rastrear el destino de las armas. Una vez arribadas al país, se perdió el paradero de las 2500 armas introducidas, entre las que se destacan 575 rifles de asalto tipo AK47 y 50 rifles francotiradores. Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y encargado en la investigación, aseguró que en el diseño de la estrategia, “la prevención de vidas no era una preocupación central”.

En momentos en que el malestar mexicano por el tráfico de armas desde los Estados Unidos aumentaba, y las acusaciones a Washington por su falta de determinación se sucedían, la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) ayudaba a que las armas terminaran en manos del narcotráfico. El senador republicano Charles Grassley, uno de los encargados de hacer el informe, contó que “los agentes compartieron relatos escalofriantes de no hacer nada conforme criminales en Arizona llevaban las armas a los cárteles mexicanos de las drogas”. El legislativo inició investigación porque se cree que una de estas armas fue la que mató a un agente de la Patrulla Fronteriza en el 2009.

Si bien Barak Obama aseguró que no fue él quien aprobó la operación, se sabe que estaba supervisada por altos mandos del Departamento de Justicia, a quien se acusó de entorpecer la investigación deliberadamente. Entre los responsables de la política de seguimiento de armas, se menciona al director en funciones de la ATF, Kenneth Melson, y al subdirector Billy Hoover. Por lo pronto, ya se advierte desde el Congreso norteamericano la necesidad de despedir a quien haya tomado la decisión de llevar a cabo este programa. Ante el anuncio de renuncia de Eric Holder, director provisional de la ATF, Issa aseguró que no cerrará el caso, ya que “sólo fue una parte de quienes hicieron un juicio equivocado”, y la investigación apunta a funcionarios con responsabilidades más altas.

Estados Unidos es el proveedor de por lo menos el 70% de las armas utilizadas en México por el narcotráfico. De las 29.284 armas sustraídas al crimen organizado entre 2009 y 2010, 15 mil eran norteamericanas, y otras 5000 habían sido importadas tiempo antes por los Estados Unidos. Ante este panorama, organizaciones civiles de los dos países involucrados han exigido al gobierno de Washington que se lleven a cabo tres medidas: la prohibición de la importación de armas de asalto al norte del Río Bravo, aumentar la capacidad de regulación de la ATF en las zonas fronterizas, y obligar a los vendedores a reportar a dicho organismo la venta de varias armas de asalto a una sola persona.

El jefe de Estado mexicano, Felipe Calderón, pidió en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, recursos internacionales para combatir el narcotráfico, asegurando que la ayuda de las sociedades consumidoras “no es caridad”. Calderón calculó el precio de lo que costaría enfrentar al crimen organizado en su país, agregando que “si la venta de cocaína es un mercado de ventas brutas de 35 mil millones de dólares en Estados Unidos, (…) la ayuda internacional debe ser por lo menos equivalente al flujo de dinero en dólares que los criminales reciben aquí”.