En esa causa, la diputada Patricia Gutiérrez denunció, entre otras cosas, que la empresa Arlink, propiedad de Vila y Manzano, tiene como dueños, además del grupo mencionado, a la sociedad "Crofton", radicada en las Antillas Holandesas, un sitio señalado como "paraíso fiscal".

Gutiérrez pidió también que se investigue si hubo violación a la Ley de Emergencia en Seguridad, norma por la cual el Gobierno realizó la contratación en forma directa. Además, denunció que la firma no contaba con el respaldo técnico y legal para ser contratada.

Consultada por este diario el viernes, la empresa no formuló comentarios. Pero ayer, a través de un comunicado enviado a nuestra Redacción, desmintió esa denuncia, asegurando que el grupo mendocino adquirió la totalidad de Arlink.

"Por contrato de compraventa de fecha 24-9-2008 Supercanal SA compró a Crofton el total de su tenencia accionaria en Arlink SA, equivalente al 68,50% del capital accionario (217.368 acciones), operación que tiene estado público y es objetivamente comprobable, dado que por lo que desde dicha fecha está declarado ante AFIP (DDJJ 4120) y en el concurso de Supercanal (con intervención judicial que le da fecha cierta)", se informó.

En cuanto a la situación impositiva, aclaró: "Arlink cierra balances al 31 de diciembre y el de 2008 estaba al día al momento de la presentación en la licitación. La única deuda con AFIP está incluida dentro del régimen de pago con el fisco conforme el decreto 1.145/2009 (por lo que no es exigible ni puede ser opuesto como causal de incumplimiento alguno), además no tiene deuda con el fisco provincial. Arlink no se asoció con Patagonia Green SA, sino que dicha empresa era proveedor especializado de equipos de video, ya declarado al momento de la adjudicación".

La compañía aludida también aclaró que no tiene acceso a las imágenes de las cámaras: "Esa opinión es injuriosa, además de infundada y maliciosa", por cuanto "lo captado y grabado es de uso privativo de los agentes del Gobierno".