Cardozo estimó que hubo daño agravado ya que los bienes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas –que resultaron dañados en los incidentes- son de uso público, dadas las distintas actividades públicas que se desarrollan en la entidad.

Por otro lado, se centró en la relación entre Graciela López, Milagro Sala y el ataque al Consejo, la que estimó suficientemente probada. López –dice Cardozo- “es quien encabeza la incursión en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y nada hay que autorice a pensar que actuó con autonomía. Tanto las declaraciones del senador en cuanto la de los testigos que presenciaron el ataque dan cuenta que Gerardo Morales le enrostró reiteradamente que la había mandado Milagro Sala, lo que Graciela López no desmintió en ningún momento”.

El otro elemento que toma el juez es la visita de Sala al diario El Tribuno de Jujuy la misma tarde del hecho. A ese medio pertenece el reportero gráfico que registró lo sucedido desde el momento mismo de la irrupción del grupo atacante: “esta visita de urgencia de Sala al diario no aparece justificada por otro motivo que no fuera el de tomar contacto con las fotografías registradas durante el incidente. De hecho, El Tribuno de Jujuy no aportó más fotografías que las que registran los daños producidos y los funcionarios agredidos; de los agresores solo hay tomas de los dos procesados, como si estos hubieran ingresado solos”, señala el magistrado, para quien no resulta creíble la versión del fotógrafo intentando justificar por qué no hay tomas de los restantes agresores.

Un tercer elemento que a criterio del juez da cuenta de la relación de la dirigente con López y Salvatierra es la presentación de Milagro Sala en la Fiscalía del doctor Zurueta, al día siguiente de los hechos, lo cual “está indicando un interés especial por la situación de Salvatierra. Sala aboga por el detenido con la preocupación de quien tiene responsabilidad directo en lo sucedido.

La declaración de Zurueta, coincidiendo con Arellano, la vincula explícitamente (a Sala) con el acampe frente a la Seccional 1° de Policía, tanto que ante el pedido del fiscal, ordena el levantamiento del corte de calle”. Añade que en esa protesta participaba Graciela López.

“Si Milagro Sala fuera ajena al ataque al senador Morales en el Consejo no tiene explicación que ordene el acampe de sus seguidores bloqueando una calle céntrica frente a la sede policial donde estaba detenido Salvatierra”, concluye el juez.

Agrega que Graciela López “ejecuta el operativo con un celular en la mano, del que se sirve para dar aviso del arribo del senador pero no termina allí su uso. Los testigos, en especial la contadora Blanca Juárez- mencionan que estuvo comunicada mientras permaneció en el Consejo. En circunstancias tan tensionantes, aún para los atacantes, las comunicaciones telefónicas no tienen explicación fuera del marco de una operación dirigida desde otro lugar”.

Menciona también que Graciela López había participado junto con la dirigente de la Tupac Amaru de la toma del Concejo Deliberante de Palpalá y de la Municipalidad de San Pedro, anteriores a los incidentes con Morales, donde ambas aparecen en el centro de la escena y López subordinada a Sala.

El juez estableció asimismo que Graciela López compró un automóvil cero kilómetro a la concesionaria Fadua de Jujuy, abonando de contado la mayor parte del precio de la unidad –que se facturó por 62.700 pesos- y garantizando Milagro Sala el saldo impago: “esta garantía es elocuente sobre la relación entre ambas”, afirma.

“Le asiste la razón al querellante cuando le achaca a Sala ser la responsable de la agresión en el Consejo. Es impensable que una operación como la del 16 de octubre pudiera plantearse y ejecutarse por López, Salvatierra y los restantes integrantes no identificados, sin intervención, dirección y control de Milagro Sala”, dice Cardozo para citar los testimonios de Arellano y Chauque, que dieron detalles del plan que se preparaba para agredir al senador.

Sobre los antecedentes que acreditan el “modus operandi” de la jefa de la Tupac Amaru, expresa que la postura crítica del senador de la UCR respecto de la gestión de Mariotto y el COMFER por la adjudicación de frecuencias radiales a las organizaciones sociales, las amenazas dirigidas por Sala a Morales a través de comunicaciones telefónicas y los hechos del Consejo Profesional “son todas cuestiones evidentemente relacionadas”.

Subraya luego que “el modus operandi” no es nuevo: “prueba de ello es la manifestación que dirige contra la Casa de Gobierno en 2008 que termina en una gigantesca fogata contra las puertas principales del edificio y bajo el salón en donde se custodia la Bandera de Belgrano. Enancada en una protesta de jubilados por sus remuneraciones –que son nacionales- arremete contra la sede gubernativa provincial y provoca un principio de incendio que no pasó a mayores merced a la intervención de los bomberos que desde el interior extinguieron las llamas”.

“Entre aquel vandálico episodio y los más recientes de Palpalá y San Pedro –por nombrar solo los que están documentados en la causa- hay un denominador común: la violencia”, dice el juez federal.

En el auto de procesamiento están incluidos los testimonios de René Arellano y Cristina Chauque, miembros de una organización social que trabajaba con Sala y que declararon haberse negado a tomar parte en la agresión contra Morales que organizaba la líder piquetera, a raíz de lo cual sufrieron graves amenazas, incluso de muerte.

En la investigación de Cardozo está también mencionado el presidente del bloque de diputados justicialistas, Rubén Rivarola, quien en su carácter de director ejecutivo del diario El Tribuno de Jujuy declara por oficio que Sala estuvo en oficinas del matutino el día del hecho por la tarde, pero afirma desconocer si la dirigente concurrió para requerir las fotografías tomadas durante los incidentes por el reportero de la empresa.

En el auto de procesamiento se mencionan amenazas telefónicas a raíz de declaraciones que realizara el senador Morales sobre la entrega por el entonces interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, de una licencia de radio a la organización Tupac Amaru.

Fotografías y videos que muestran la “quema” de la Casa de Gobierno en agosto de 2008, daños producidos con pintadas y roturas de vidrios en el Hotel Plaza, Canal 7 y el Teatro Mitre, así como una solicitada publicada por el diario El Tribuno de Jujuy y firmada por Raúl Noro corroboran para el juez que la dirigente “viene operando con violencia desde hace tiempo: antes, durante y después” de los hechos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

El juez, además de procesar a Sala, modificó el auto de procesamiento contra Salvatierra y López, quienes quedaron imputados como co-autores de los delitos de daño agravado y amenazas en concurso real. También ofició al Juzgado de Instrucción N° 4 comunicando a su titular que a partir del nuevo procesamiento “queda bajo su exclusivo gobierno la custodia dispuesta para el grupo familiar de los testigos Arellano y Chauque”.