El defensor oficial Eduardo Peralta reclamó la absolución de todos sus defendidos durante su alegato en el juicio contra veintitrés imputados por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar. Dijo que la acusación contra Raúl Guglielminetti, quien se desempeñó como agente civil de Inteligencia del Ejército a partir de marzo de 1976, “no fue probada”, según Peralta.

El defensor sostuvo que Guglielminetti estuvo “en el centro donde caen todas las miradas” y que fue sometido a una crítica “mediática despiadada”.

Peralta, contrariamente al pensamiento de sus pares que asisten a otros imputados, se ocupó de explicitar su estrategia centrada en demostrar la ausencia de pruebas.

Afirmó que las imputaciones son “huérfanas” y que en las actuaciones no surge ningún elemento que permita impulsar alguna condena por lo que corresponde reclamar la absolución del delito de tortura y privación ilegítima de la libertad.

Siguiendo con el alegato vinculado con Guglielminetti, el defensor señaló que los dichos de las víctimas no prueban su conducta.

También señaló que corresponde rechazar las acusaciones pronunciadas por el Ministerio Fiscal y las querellas. En cuanto a los cargos contra Emilio Sachitella, Comandante de Gendarmería Nacional en Junín de los Andes, se asientan en las declaraciones del testigo Ernesto Joubert, detenido en mayo de 1977 en esa ciudad. Su testimonio fue descalificado por Peralta en la audiencia de ayer.

En primer lugar se encargó de sostener que el testigo fue detenido en su casa frente a su concubina, quien fue la persona que efectuó la denuncia y reclamó la intervención de Gendarmería e intervino en el procedimiento. Esta afirmación, a su entender, hace caer la declaración de Joubert cuando dijo que fue arrestado en momentos en que se movilizaba en cercanías de una guarnición de Gendarmería.

Peralta afirmó que como resultado del procedimiento se hallaron en la propiedad de Joubert armas de fuego, proyectiles y propaganda subversiva. “Fue infractor a una ley en vigencia dispuesta por un gobierno democrático”, dijo.

Sobre el ex suboficial mayor del Ejército Máximo Ubaldo Maldonado el defensor dijo que no comparte responsabilidades con jefes castrenses. “No es cierto que haya dado su consentimiento para integrar una asociación ilícita. Expresó que no tuvo participación alguna en los delitos de tormentos y privación ilegítima de la libertad de varias personas que declararon ante el Tribunal, por lo que se impone su absolución. Subsidiariamente solicitó el mínimo de pena previsto para el caso.

Por otra parte, Peralta cuestionó las incriminaciones contra Enrique Charles Casagrande pronunciadas por las querellas que le imputaron la aplicación de torturas y privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita en perjuicio de víctimas. Expresó que “no fueron fundadas”.

Recordó que en los delitos denunciados concretamente por Rubén Ríos y que involucran a su asistido, dijo que el Ministerio Fiscal no pronunció acusación alguna, por lo que corresponde su absolución.

Sobre las imputaciones marcadas por los querellantes en cuanto a la conducta desplegada por su asistido en los procedimientos relacionadas con las detenciones de Orlando Cancio, Javier Seminario y Miguel Ángel Pincheira, admitió que Casangrande sólo cumplió con el traslado de los detenidos hasta la U5 de General Roca.

"Su comportamiento no es imputable. Debe ser absuelto de todos los cargos que se le reprochan", afirmó. Peralta afirmó que a Osvaldo Antonio Laurella Crippa se lo acusa de haber sido Jefe de Policía de Neuquén, facilitar las comisarías de distintas unidades y estar a cargo del Operativo Cutral Co.

Remarcó que las acusaciones son diversas pero "no tienen sustento alguno". Respecto a la acción militar desplegada en la localidad petrolera, Peralta aseguró que no se comprobó el accionar de su cliente en los hechos. "No hay testigos que den prueba certera de ello y menos aún que sostengan su presencia en el lugar”, afirmó.

En cuanto a Oscar Lorenzo Reinhold, jefe del Destacamento Inteligencia y del Batallón de Ingenieros 181, Peralta exigió la absolución.