Argibay recibió una plaqueta que le entregó la secretaria de Relaciones Institucionales Ana Taborga, y luego fue presentada a la audiencia –que excedió ampliamente el Aula Magna- por Eduardo Lapenta, decano de la Facultad de Derecho.

Posteriormente, encabezó una disertación en donde pidió reiteradamente “igualdad de oportunidades” para las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, desde la esfera doméstica, hasta la educativa y la laboral.

Tras recordar que “todos los días hay una mujer atacada, golpeada, y hasta se producen muertes”, indicó que detrás de cada una de esas situaciones “hay una historia de violencia anterior que no se quiso oír”.

Por eso, señaló que “muchas de esas muertes podrían evitarse si no se cometiera discriminación”, que en nuestra sociedad se presenta cotidianamente “marcada por la diferencia que se hace en el tratamiento de uno y de otro”.

Relacionó la base de esa discriminación hacia la mujer en “una cultura patriarcal en la cual nos formamos que de cristiana tiene poco, porque el cristianismo se funda en el amor y la igualdad”.

En referencia a lo anterior, indicó que habrá que profundizar un cambio cultural “para ponernos todos en este trabajo, no solo nosotras, porque los hombres también deben hablar de los derechos de las mujeres”.

“Todos debemos tener las mismas oportunidades, por eso debemos educar para la igualdad, la no violencia, y hacer de ello una consigna en todos los ámbitos” reflexionó la magistrada, que recordó en uno de los pasajes que se le cuestionaba antes de ingresar a la Corte que no se había casado ni había tenido hijos.

“No se deben mezclar las cuestiones civiles, con las religiosas y las ideológicas, porque ninguna de esas condiciones ni preceptos nos deben negar el derecho a la igualdad” reforzó esa idea, y agregó que se deben superar esos “estereotipos para no repetirlos y salir de lo que hoy es un círculo vicioso”.

Algo que transita la Corte Suprema

Cabe recordar que el máximo organismo de Justicia decidió a mediados de 2009 abrir la Oficina de la Mujer, a cargo de la ministra Carmen Argibay, cuyo objetivo es impulsar en la esfera del Poder Judicial un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos, así como colaborar con los demás Poderes del Estado mediante la recopilación de datos estadísticos que faciliten la elaboración de las políticas públicas necesarias para erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, tal como lo exigen las convenciones internacionales suscriptas por nuestro país.

La Oficina, creada por el Máximo Tribunal a través de la Acordada 13/2009, se propone el desafío de lograr la equidad de género tanto en relación a quienes utilizan el sistema de justicia como para los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial.

El trabajo de la Oficina de la Mujer se enmarca en la política de estado tendiente a prevenir y terminar con cualquier tipo de violencia de género.

Cabe destacar que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional incorporó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

A este marco legal se suma lo dispuesto por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, convertido en ley 24.632, que obliga al Estado Nacional a implementar leyes y políticas públicas en este sentido, y que el Congreso de la Nación sancionó la denominada Ley de Protección Integral a las mujeres, N ° 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales).

La Oficina cuenta con una secretaría encargada de establecer enlaces a nivel nacional con los Superiores Tribunales de Provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires y las Cámaras Nacionales y Federales; los órganos designados por la ley 26.485; el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría de Justicia; e instituciones académicas, asociaciones u organizaciones que realicen tareas en esta materia.

En el plano internacional, la secretaría se contactará con otras oficinas encargadas de la problemática de género y con los organismos de monitoreo previstos en las Convenciones Internacionales.

Cuenta asimismo con diversas áreas de trabajo, encargadas de brindar capacitación al Poder Judicial para el diseño y coordinación de políticas institucionales que favorezcan la equidad de género; recopilación de datos a fin de elaborar estadísticas en este sentido; e investigación de género, que tiene a cargo la identificación de necesidades y deficiencias dentro del Poder Judicial.