El monitoreo conjunto estará a cargo de científicos de ambos países. En pocos días se sabrá lo que pasará con los asambleístas denunciados.
Entre los dos países
El monitoreo estará a cargo de un comité científico integrado por dos especialistas uruguayos y dos argentinos, que comenzará a funcionar dentro de un plazo de 30 días. “Se cierra un capítulo de nuestra historia y empieza otro que es el de la cooperación en el control ambiental del río Uruguay y su zona de influencia", dijo el canciller argentino, Héctor Timerman.
El acuerdo fue suscripto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del Uruguay, José Mujica, al término de una reunión de más de dos horas que se realizó en la Residencia de Olivos.
El monitoreo del comité científico, que funcionará en el ámbito de la Comisión administradora del Río Uruguay (CARU), comenzará con la planta pastera de Botnia, ubicada en las proximidades de la localidad uruguaya de Fray Bentos, y en la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay, según se señala en el acuerdo.
Las tareas de monitoreo, cuyos resultados serán públicos, respetando los tiempos científicos, seguirá en la Argentina con un establecimiento o lugar a elección de la parte uruguaya y a partir de ese momento continuará alternativamente en uno y otro país.
Decisión
La Cámara Federal de Paraná resolverá finalmente si diez asambleistas denunciados por el gobierno nacional a raíz del corte del puente internacional Gualeguaychú-Fray Bentos, por el conflicto de la pastera deben declarar ante la justicia.
La decisión la tomó ayer el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, al conceder un recurso de apelación contra su negativa a que los piqueteros sean citados.
El recurso había sido presentado por la fiscal Daniela Neyra, al respaldar el planteo de la citación por presuntos ilícitos cometidos durante el corte.
En su decisión, el juez también intimó a los asambleístas denunciados para que designen abogados defensores, a fin de garantizar su derecho de defensa ante la Cámara de Apelaciones, los que en caso contrario serán provistas de un defensor oficial. El 1º de julio pasado, el juez Pimentel había aceptado al Gobierno como parte querellante en la causa en la que se investiga el corte del puente, pero había rechazado el pedido de que sean citados a indagatoria a diez asambleístas.
No criminalizar
El diputado nacional Lisandro Viale (PS-Entre Ríos), reclamó nuevamente que el Estado abandone la decisión de criminalizar la protesta social y recordó el proyecto presentado en la Cámara Baja, en el que se insta al ministro Aníbal Fernández a presentarse ante el cuerpo legislativo para ser interpelado acerca del proceso que culminó con una causa contra los asambleístas. Oportunamente, esta iniciativa fue apoyada por al menos diez diputados de la oposición. el legislador socialista consideró que “la actitud de la fiscal, que recibe instrucciones desde el Ejecutivo, revela que el gobierno nacional no ha desistido de la negativa decisión de judicializar la movilización social que protagonizan los vecinos de Gualeguaychú”.
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