Por: Fernando Laborda.Las circunstancias hacen que, en estas horas, la mayoría de los argentinos vibremos, festejemos o lloremos con el equipo de Diego Maradona. Por encima de la tradicional pasión por el fútbol, nuestro país se identifica con el director técnico del seleccionado nacional en virtud de no pocas semejanzas: es tan genial como arrogante, tan asombroso como contradictorio, tan eufórico como depresivo y tan ingenioso como autodestructivo.
Con el ejemplo del máximo astro del fútbol argentino, que vuelve a acariciar la gloria, Kirchner sueña con resurgir de entre las cenizas que dejó la debacle electoral de la cual mañana se cumplirá exactamente un año. Y, a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión pública, tiene motivos como para alentar alguna esperanza de recuperación, aunque difícilmente para soñar con la retención del campeonato en 2011.
Un sondeo de Graciela Römer y Asociados, concluido en mayo entre 800 ciudadanos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, da cuenta de que el 36% de las personas encuestadas aprueba la gestión presidencial de Cristina Kirchner y que el 59% la desaprueba. Es un dato que exhibe la debilidad del matrimonio gobernante ante un eventual ballottage. Pese a estos datos, el relevamiento detecta una mejora en la percepción sobre el Gobierno, que a fines de 2009 sólo alcanzaba un 26% de aprobación.
Sobre la situación económica del país de aquí a un año, el 39% de las personas encuestadas considera que estaremos peor y sólo el 20% indica que estaremos mejor. Sin embargo, las perspectivas resultan bastante mejores con respecto a un año atrás, cuando, en coincidencia con las últimas elecciones, el 51% tenía expectativas negativas y apenas el 15% exhibía pronósticos positivos.
Cierto realismo mágico, casi propio de la Argentina maradoniana, lleva a dirigentes kirchneristas y a otros que pretenden quedar bien con el Gobierno a subrayar lo bien que estamos. Es el caso del gremialista Pablo Moyano, hijo del titular de la CGT, quien poco antes de partir hacia Sudáfrica para seguir al equipo de Maradona, señaló que "mientras el mundo debate la crisis en Europa y los ajustes, los argentinos estamos discutiendo mejoras salariales" de hasta el 32 por ciento.
Un criterio similar se advirtió en la Presidenta, que en las últimas horas abundó en consejos maternales a sus pares del mundo desarrollado, instándolos a evitar los ajustes y a seguir el modelo kirchnerista.
No pocos economistas opinan, por el contrario, que los problemas del Viejo Continente obedecerían precisamente a haber hecho propia durante los últimos años la receta kirchnerista; esto es, el permanente incremento del gasto público en porcentajes superiores al aumento de los ingresos públicos.
Las consecuencias de esta política, aunque el Gobierno no lo advierta, ya se están sintiendo en los bolsillos de los argentinos. Basta citar que en el estudio de opinión pública citado la inflación es mencionada como principal problema del país por el 47% de las personas consultadas, en tanto que el 18% considera que es el mayor problema que lo afecta a nivel personal, sólo superado por la inseguridad (34%). Ocho de cada diez personas creen que los precios seguirán aumentando en los próximos meses.
El canje de la deuda pública, que finalizó con una adhesión del 66 por ciento de los bonistas, marcó un avance, en tanto ratifica una voluntad de honrar los compromisos que no se exhibió en los cuatro años que siguieron al primer canje, de 2005. Sin embargo, resulta por ahora insuficiente para una sustancial mejora en la calificación crediticia del país y para obtener financiamiento a tasas de un dígito, como pretendía el Gobierno. Con suerte, el Estado argentino conseguiría hoy crédito al 12% en dólares.
Recientemente, la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, puso los puntos sobre las íes, en declaraciones periodísticas: "Cristina [Kirchner] decía algo muy clarito y elocuente: si tapáramos el nombre Argentina y le mostráramos a un financista internacional todos los datos macroeconómicos que presenta el país, diría de inmediato que quiere venir a invertir acá. Nos diría cuánto necesitamos y nos prestaría a una tasa competitiva". Mal que nos pese, el problema es la Argentina. El problema no es el mundo, sino nosotros.
El club de la buena onda kirchnerista no pudo disfrutar completamente esta semana del cierre del canje de deuda con un aceptable final ni tampoco de la seguidilla de triunfos en el Mundial de Sudáfrica.
La falta de mayoría parlamentaria le jugó otra mala pasada y amenaza con provocarle más problemas al oficialismo durante la semana entrante, cuando la oposición intente debatir la reforma del Consejo de la Magistratura y una ley que garantice el 82 por ciento móvil para los jubilados.
En los últimos días, una vez más el Poder Ejecutivo fue puesto contra las cuerdas en el Congreso. El ex embajador en Venezuela Eduardo Sadous declaró en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sobre las supuestas coimas que debían pagar empresas argentinas para exportar a Venezuela. La alternativa de prohibirle que se presentara en el cuerpo legislativo fue descartada por el Gobierno: hubiera sido peor el remedio que la enfermedad.
El testimonio secreto de Sadous no aportó mucho más que lo formulado ante la Justicia. Pero el diplomático dijo lo necesario para confirmar las sospechas de irregularidades en las relaciones con Venezuela.
Las contradicciones oficiales quedaron expuestas rápidamente. El canciller Héctor Timerman sostuvo que la existencia de una embajada paralela para los negocios con el chavismo sólo existe en la imaginación de los periodistas. Poco después, el ministro Julio De Vido confirmó su existencia, justificada, según él, por el hecho de que Sadous, como embajador, "se la pasaba de copetín en copetín". Curiosamente, la embajada paralela siguió después de la salida de Sadous de la embajada venezolana.
La oposición también jaqueó al Ejecutivo con la media sanción al recorte de los superpoderes delegados al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias. Si bien falta la convalidación del proyecto por el Senado, Kirchner anticipó un polémico veto presidencial.
Hombres de la oposición esgrimen, para rechazar el veto, que el Congreso le delegó facultades legislativas al Ejecutivo mediante una ley aprobada por mayoría simple y pretende quitárselas también por mayoría simple. Pero si la Presidenta veta esta decisión, el Congreso requerirá una mayoría especial de dos tercios para insistir.
Por un lado, es difícil hablar de la posibilidad de una categoría especial de leyes que no puedan ser vetadas. Pero, por otro, ninguna de las potestades de los poderes políticos pueden ser ilimitadas. Como señala el constitucionalista Daniel Sabsay: "La arbitrariedad aparecería a partir del momento en que el Ejecutivo ejerciera su veto sólo para paralizar al Congreso, porque el sentido del veto es el mero control sobre el Legislativo y no el logro del predominio del Ejecutivo sobre éste". En coincidencia con Sabsay, la oposición al kirchnerismo señalaría que como la delegación de facultades legislativas es una potestad del Congreso que en principio le está prohibida por el artículo 76 de la Constitución, sería inconcebible que la Presidenta pudiera evitar mediante el veto el recorte de un uso excesivo de aquella delegación. Un nuevo conflicto de poderes parece avecinarse
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