En primer lugar los referentes políticos y sociales de la oposición coincidieron en expresar sus condolencias para con los familiares de los caídos y su deseos de acompañarlos en este dolor.

Manifestaron además en "el histórico documento, su más enérgico repudio contra el Gobierno de la Provincia de Formosa, quien es el principal responsable del trágico final del conflicto perfectamente evitable de haber existido una real voluntad de diálogo".

"El trágico martes 23 pasado la sangre de dos formoseños ha sido derramada. Perdieron sus vidas Roberto López y Ever Falcón a raíz de una violenta represión por orden del poder político llevada adelante por la policía de la provincia de Formosa", sostuvieron.

"La pérdida de vidas humanas no es lo único lamentable de este suceso. La comunidad de La Primavera lleva un reclamo sobre sus tierras ancestrales desde hace varios años y un corte de ruta como plan de lucha desde hace cuatro meses. La primer respuesta fue la indiferencia, y luego la represión a un pueblo indígena, la brutal golpiza, los heridos, las quemas de casas y bienes y los muertos".

"Por ello responsabilizamos al Gobernador de la Provincia de Formosa, Gildo Insfrán, de la sangre derramada de formoseños y de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas evidenciadas en la represión reciente, violando además una orden cautelar de la justicia federal y una ley nacional que prohíbe desalojos por cualquier medio", plantearon.

Enseguida lanzaron una serie de exigencias:

-Juicio y castigo de la totalidad de los responsables ideológicos y políticos, con pleno respeto de garantías de imparcialidad y que se incluya en la investigación a la fuerza policial, por estar directamente implicada.

-Juicio político al Gobernador Gildo Insfrán y renuncia inmediata del ministro de Gobierno, Jorge González, por sus respectivas responsabilidades políticas en los hechos y sus consecuencias. Porque esto es una acción que no representa un caso aislado de abuso o exceso policial, sino que se enmarca en una lógica de poder, una actitud de permanente hostigamiento, persecución e intolerancia y sistemática violación de los Derechos Humanos, como el reciente caso del Colegio "Gobernador Juan José Silva".

-Juicio político al defensor del Pueblo de la Provincia, Leonardo Gialucca, porque ha incumplido el rol para el que fue nombrado. Ha insultado y arremetido contra el mismo pueblo a quien se le ha encomendado constitucionalmente defender.

- Igual responsabilidad le compete al presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA).

-Remoción inmediata del jefe del operativo policial y de toda la cúpula que desencadenó este repudiable hecho.

-Determinación de la responsabilidad que pueda corresponderle a los Magistrados intervinientes en los hechos en cuya orden fue justificada la represión.

-Reparación al pueblo Qom que significa: inmediata aplicación de ley 26.160; indemnización por la violación de sus Derechos Humanos y reconocimiento de la responsabilidad del Estado.