Al ministro de Salud, Pablo Yedlin, se le esfumaron las amenazas que existían en el frente legislativo. Primero fue la comisión de Juicio Político la que dispuso el archivo del pedido de destitución que le formuló el radical Federico Romano Norri (con el único voto en disidencia de Luis José Bussi). Luego, la de Asuntos Constitucionales rechazó los proyectos de Esteban Jerez, de Ricardo Bussi, del propio Romano Norri y de Luis Bussipara que se interpele al presidente del Siprosa. De este modo, no queda ninguna iniciativa en su contra con trámite parlamentario.

La negativa in límine a tratar el juicio político evitó que Yedlin tenga que responder los cuestionamientos del titular de la UCR, que lo acusó de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por la irregular contratación de la Fundación Salud (Funsal) para el dictado de cursos odontológicos. Los legisladores alperovichistas remarcaron que los hechos planteados por Romano Norri ya fueron investigados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

"Las presuntas falencias administrativas observadas han sido analizadas y sancionadas por el órgano encargado de tales cuestiones, iniciándose también en el seno del Poder Judicial la investigación correspondiente. El juicio político, en tanto mecanismo de control interórganos, queda reservado a hechos configurativos de las causales de gravedad que prevé la Constitución y detalla la ley ritual", puntualizaron los alperovichistas en la resolución de la comisión de Juicio Político.

Firmaron por el archivo del expediente los peronistas Sisto Terán, Manuel Fernández, Víctor Lossi, Beatriz Bordinaro de Peluffo, Graciela Gutiérrez, Daniel Heredia, José Orellana, Roque Alvarez, Armando Cortalezzi y Gregorio García Biagosch. Luis Bussi, en tanto, mocionó que se corriera traslado a la denuncia para que el ministro efectúe su descargo.

"Debería habérsele corrido traslado de la acusación para poder escuchar sus argumentos, más allá de que considero que debe dejar el cargo; pero el oficialismo optó por darle amparo y encubrirlo. Yedlin no solamente merece una investigación administrativa o judicial, sino que su gestión debe estar evaluada desde lo político, lo que está a cargo de la Legislatura", señaló.

El presidente del Partido Republicano Fundacional cargó también contra José Alperovich. "Hay una contradicción sublime entre lo que dice y lo que hace el gobernador, quien asegura que no va a tolerar corruptos en su gabinete pero avala y hace suyas las irregularidades del ministro", arremetió Bussi (h).

Resolución general

En la comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce Antonio Raed (PJ), se dictó una resolución general en la cual se rechazan todos los pedidos de interpelación pendientes contra funcionarios públicos. Alvarez, el propio presidente de la bancada alperovichista, confirmó que la decisión se adoptó por "mandato de bloque".

Por el carácter de este dictamen, de marcado tenor político, se alcanzaron incluso planteos efectuados antes de que estallase el caso Funsal y que nunca fueron tratados. "La cuestión administrativa fue dilucidada por el Tribunal de Cuentas, que multó a Yedlin, y la Justicia está actuando. El único fundamento para traerlo al recinto era político", adujo el oficialista Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) al justificar la decisión.