La Justicia archivó hoy el caso contra el líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) , Gerardo Martínez, cercano a la CGT que se conformará afín al Gobierno, por su actuación como agente civil de inteligencia durante la última dictadura.

El juez federal Ariel Lijo firmó el archivo del expediente luego de que el fiscal Jorge Di Lello considerara que no había pruebas suficientes para impulsar la denuncia en contra del líder de la Uocra por haber controlado movimientos de sus compañeros, según consignó la agencia DyN.

No se trata de un sobreseimiento, sino de desactivar la denuncia, ponerla en stand by, por si en el futuro aparece información que apoye sus términos y permita reactivarla. "Me pronunciaré en favor de mantener un criterio expectante", dijo el fiscal , al recordar que está abierta una causa en la que se investiga a otros integrantes del Batallón de Inteligencia del Ejército, por lo que de allí pueden surgir nuevos datos.

Martínez era visto como un posible candidato del Gobierno para la CGT, pero sus aspiraciones quedaron congeladas cuando su nombre apareció en la lista de agentes del Batallón de Inteligencia 601.

Sus tareas surgieron de información desclasificada publicada por el Archivo Nacional de la Memoria. Martínez aparece como personal civil de inteligencia que revistió en el período 1976 -1983. Esa lista la entregó el Ejército. Martínez figura en la foja 52, con el número 2798 y su número de documento.

Según el dictamen de Di Lello, la Secretaría de Derechos Humanos, cuando era liderada por el fallecido Eduardo Luis Duhalde, informó que de las constancias que tenían ellos sobre los desaparecidos de la Uocra "no había mención alguna de su participación [de Martínez] y que las desapariciones fueron anteriores" a que trabajara como agente.

Además, el fiscal tuvo en cuenta que en su legajo personal secreto no hay anotaciones acerca de la participación de Martínez en "comisiones especiales", como se denominaba a la participación de agentes en la represión ilegal de la subversión.

Si bien el juez Lijo, en otra causa, consideró al Batallón de Inteligencia 601 "una organización delictual", el fiscal Di Lello señaló que "no puede entenderse que la sola pertenencia al grupo resulte orientativa de que el imputado participaba de los fines de la sociedad criminal".