Esto incluye, entre otros puntos, el listado de áreas y yacimientos hidrocarburíferos concesionados en la provincia indicando su denominación, la empresa o UTE concesionaria u operadora y la fecha de finalización prevista para la concesión, conforme la normativa vigente. También el plan de inversiones comprometidas por cada empresa o UTE ante la Secretaría de Energía de la Nación, al momento de adjudicación de las áreas, y los informes y certificación de inversiones presentadas por cada empresa o UTE respecto del plan de inversiones previsto.

Del mismo modo, la iniciativa del legislador kirchnerista requiere información sobre el tipo de monitoreo, seguimiento e inspección realizado por el Poder Ejecutivo de la Provincia para relevar el plan de inversiones a realizar por cada empresa, y verificar su cumplimiento.

Arcando recordó que las empresas “tenían la obligación, al momento de obtener la concesión de las áreas correspondientes por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, de presentar y realizar un plan de inversiones, tanto para la exploración como para la explotación de hidrocarburos en las áreas concesionadas”.

En función de ello, observó que la renegociación requiere “la comprobación de que las empresas concesionarias hayan declarado y pagado correctamente a las provincias las regalías hidrocarburíferas emergentes de la concesión, y por otra parte de que hayan ejecutado, durante el plazo de concesión, el plan de inversiones presentado y comprometido al efecto”.

Sin embargo, advirtió que el Ejecutivo provincial “ha iniciado un proceso interno de gestión técnica y administrativa para la renegociación de estas concesiones” que “”a nuestro entender, confuso, contradictorio y discrecional” y por ende “no otorga la transparencia necesaria a un proceso de tal importancia y magnitud, llegando al extremo de dictar actos administrativos dirigidos a establecer la ‘confidencialidad de la negociación’, olvidando que no se negocia un patrimonio del gobierno, sino en nombre del pueblo de la provincia, verdadero titular de estos recursos”.

A ello sumó que las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo provincial en la materia “han generado controversias, incluso dentro de su propio seno” al punto que “mientras algunos funcionarios expresaban que no existen deudas a reclamar a las empresas concesionarias, otros argumentaban todo lo contrario”, y enfatizó que “no hablamos de diferencias mínimas si no de montos millonarios”.

“Por eso queremos conocer claramente cuáles eran los planes de inversión que debía cumplir cada una de las empresas concesionarias, qué grado de cumplimiento tienen los mismos, y qué acciones ha llevado adelante el Poder Ejecutivo Provincial, tanto para su determinación y evaluación, como para velar por el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones como concesionarias de áreas hidrocarburíferas de la Provincia de Tierra del Fuego”.