RIO GRANDE.- «La Ley 648 dice ‘blanco o negro’, y no forma parte de una negociación», aseguró el jefe de gabinete, Guillermo Aramburu, negando así que la correcta aplicación de esta normativa hubiese podido ser tratada en un marco de diálogo político, tal como reclamaron los Intendentes de Ushuaia y Río Grande.

«Esto no podría haber sido de esa manera tampoco porque los términos de una ley no son negociables, de manera que esto no fue bien interpretado por los actores que intervienen en esta situación porque, en realidad ,la posibilidad de acordar estaba en el marco de considerar los eventuales alcances de una sentencia que resultara favorable a una parte o la otra».

Aramburu argumentó que el pedido por una declaración de certeza a la Justicia se elevó ya que «existen dudas respecto a la aplicación de la ley, tanto del Gobierno como de los Municipios», por lo que tras la última audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se solicitó que se declare la cuestión de «puro derecho».

«Esto, en términos simples, significa que alguien tiene una duda de cómo debería interpretarse algo, y evidentemente la duda existe porque cuando se presentó nuestro pedido, la otra parte (por los Municipios) sostuvo todo lo contrario a lo que sostenía el Gobierno, pero el término de una ley no es negociable porque la ley dice ‘blanco o negro’ y no forma parte de una negociación, pero así se instaló desde algunos actores y esto no podría haber sido de esa manera tampoco».

En diálogo con El Sureño, el funcionario comentó que tras la audiencia mantenida en el Superior Tribunal de Justicia con los intendentes Gustavo Melella y Federico Sciurano, desde el Ejecutivo provincial «se solicitó, al día siguiente, que se declare la cuestión de puro derecho, aunque obviando la etapa probatoria porque entendemos que esto no es necesario a los efectos de definir si la ley dice blanco o negro».

«Cuando se considera que hay que obviar toda la cuestión probatoria porque es una cuestión de interpretación legal, se plantea que esto se trata de un caso de puro derecho, para que la Justicia se expida y defina si el 25 por ciento que se debe destinar a Educación se aplica antes o después de la coparticipación a los Municipios», explicó.

En ese sentido, Aramburu recordó que «la ley dice que hay que destinarlo a Educación, pero buscamos determinar si esto debe ocurrir antes o después de la coparticipación municipal».

«Estamos a la espera de lo que resuelva la Justicia, en principio si considera o no la cuestión de puro derecho y eventualmente de considerarlo, esperamos ya el fallo definitivo acordando el alcance de la ley», agregó.

Consultado sobre la postura que adoptará el Gobierno en caso de que el fallo del Superior Tribunal de Justicia le resulte favorable, el Jefe de Gabinete señaló que por tratarse de una «acción declarativa de certeza, la sentencia debería culminar diciendo que la ley dijo ‘blanco o negro’».

«Pero cuando el fallo diga, en caso de que así sea, que la ley efectivamente dice «blanco o negro» será porque siempre fue así y no a partir de la sentencia; es decir, la sentencia no es constitutiva de derecho sino declarativa y significará que la ley siempre dijo que el 25 por ciento de los recursos que se deben destinar a educación deben aplicarse antes o después de la coparticipación».

Respecto a la posible deuda que los Municipios deban reconocer, si el fallo judicial respalda el reclamo del Gobierno, Aramburu reconoció que «esto implicaría un ingreso para el Estado», aunque recordó que «la Gobernadora fue absolutamente clara en cada una de las oportunidades en que se lo consultaron, que en ningún momento estuvo en la cabeza del Ejecutivo generar un ahogo en los Municipios».

«¿Cómo no entender la realidad de los Municipios que consideraban un ingreso que lo dejarían de percibir o que generaría una deuda? Esa es la apertura al diálogo que hay que resolver para definir esa situación», anticipó.

Aramburu consideró «muy oportuno que los concejales de los Municipios adviertan esto, porque una de las cuestiones que nos plantearon es que por qué no incluimos el porcentaje de la ley 648 en el presupuesto, y no lo incluimos sencillamente porque está judicializado», señaló.

Defensa

Aramburu valoró además «que más de un concejal y los mismos referentes de los Municipios, como es el caso del intendente de Ushuaia Federico Sciurano, hagan referencia que ellos luchan o reclaman en función de la responsabilidad que tienen por ser máximos representantes de los Ejecutivos municipales».

«Me parece válido, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo, porque el planteo de la Ley 648 surge de la convicción de la responsabilidad que tiene el Ejecutivo respecto a los recursos que son del Ejecutivo provincial, es decir que nos comprenden las mismas generales de la ley que a los Intendentes», indicó.

«No es que ellos son más buenos porque defienden lo de ellos y nosotros somos malos po