La profesional estableció una diferencia entre un supuesto caso de usurpación de una vivienda privada, donde el propietario puede pedir a la justicia el desalojo y una vivienda del Estado, el que por otra parte tiene obligaciones de garantizar el acceso a las familias a una vivienda digna. En tal sentido desde Naciones Unidas se ha solicitado a los gobiernos de los países, que se le garantice a la gente el acceso a una vivienda digna, como una de las obligaciones del Estado.

En tal sentido los protocolos firmados por presidentes de Estados, príncipes y reyes del mundo que son parte de la ONU y se les pide a los gobiernos que se tomen las medidas para que los casos de ocupaciones no ocurran de esa manera. Pero no sólo no se ha hecho las cosas de esa manera, sino que se hicieron entrega de viviendas de manera irregular.

Zorrilla entiende que ?esta gente cometió una trasgresión a la ley, a partir de una gran necesidad; sin embargo esto no los pone como delincuentes o ladrones, sino una actitud que los lleva a una determinación ante la necesidad imperiosa en las que viven ahora y aún en las que vivían. Antes que ocupen estas viviendas, también estaban en una difícil situación difícil, como consecuencia del ingreso de magros sueldos, que es otra obligación que tiene el Estado, de proveer un sueldo digno en un trabajo verdadero para que puedan progresar por sí mismos.

Como todo esto no se cumple, a la gente les queda la idea de que se cumple con ellos una situación de injusticia, la que desde DDHH también estamos convencidos, -dice la profesional-. En tal sentido, también resulta incorrecto el manejo en la confección de las listas de beneficiarios de una vivienda del Estado, cuando algunos las alquilan o las venden. Ahora bien, debemos ver, de qué manera podemos entre todos los miembros de una sociedad organizada, darle una salida pacífica a esta cuestión.

Pero resulta que en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, relacionado a los desalojos forzosos, les pide a los gobiernos que asuman que tienen la obligación que tienen de impedir estos desalojos de la gente, tanto como que instan a que en tal sentido se ofrezca seguridad jurídica a las personas. Que puedan acceder a una casita y su título de propiedad mediante un programa de gobierno.

Zorrilla entiende que hay un problema cultural, de falta de educación y de información y como la gente no conoce sus derechos, al momento de la confección de las listas de beneficiarios de viviendas del Estado, tienen que estar todas las partes de la sociedad en reuniones públicas y de manera transparente.

Como mediadora socio cultural, entendemos que en El Colorado debemos mediar y resolver esta situación de manera de poder, en lo posible, conformar a ambas partes, y resolver el estado de violencia en que vivimos y ver cómo resolvemos el drama de estas familias, ya que en la forma de proceder de los funcionarios del IPV que vinieron a intimidarlos con la firma de un documento que dice ?intimación?, forma y tono lamentable con que se dirigieron a la gente.

De acuerdo con lo solicitado en tal sentido por Naciones Unidas a los Estados parte, que los gobiernos sancionen leyes para tratar de evitar los desalojamientos forzosos, muestra en este caso a un organismo oficial que se hace muy mal desde la parte gubernamental.

La entidad de DDHH dijo que en vano intentó el diálogo con la asesora legal del IPV que nunca pretendió escuchar, sólo tomar decisiones, pero que por otro lado no tiene poder de decisión en representación de la parte a la que trabaja. La propuesta en nombre de vecinos, había sido dialogar con las partes con un pacto de no violencia: sin intimidación ni agresiones verbales, pero estamos tratando que la gente no sea desalojada, mientras que desde el Municipio se estudie la posibilidad de otorgarle terrenos y la posibilidad de una ayuda para que puedan construir su propia casa.