Fuentes bien informadas aseguraron a este diario que la presentación del Estado como querellante en las causas penales, a través de la Fiscalía de Estado, lleva a que se suspendan los plazos de prescripción para las posteriores acciones civiles. En la práctica, cuando el gobierno es querellante, el lapso queda congelado y recién se inicia cuando la sentencia penal queda firme.

Ese no fue el caso de la gran mayoría de las causas por corrupción ocurridas en La Pampa, según confiaron las fuentes consultadas a este diario. Por ese motivo, en los casos mencionados, y en otros de menor repercusión, sería imposible que el Estado pueda iniciar las demandas civiles, toda vez que el plazo de dos años expiró y, por lo tanto, las potenciales causas civiles están prescriptas.

"El Estado sólo se presentó con Peñalba, pero en las causas de Amoresano, de David y en la mayoria, el Estado no se presentó, con lo cual la acción civil estuvo prescripta", explicaron a este diario. ¿Por qué no se presentaron? "Eso hay que preguntárselos a ellos", sostuvieron.

Esa fue la causa, aseguraron, por la cual el Estado no corrió traslado a la demanda contra Agüero y Araniz en la causa de peculado (sustracción de bienes que estaban bajo su custodia). "Le hicieron los embargos por un millón de pesos, pero no corrieron traslado a la demanda civil porque corren el riesgo de perder el juicio, justamente, porque no se presentaron como querellantes. Y si pierden el juicio, en lugar de recuperar el millón de pesos, lo van a tener que pagar en gastos de honorarios de los abogados", justificaron las fuentes.

En su edición de la víspera, una columna firmada por el economista Juan José Reyes, informó que, de acuerdo a datos oficiales recabados en la Ciudad Judicial, la Fiscalía de Estado todavía no había demandado a la mayoría de los funcionarios acusados de corrupción en causas que van desde el peculado hasta el enriquecimiento ilícito.

Esa responsabilidad, destacó el artículo, le corresponde al fiscal de Estado, José Vanini. El cargo de fiscal de Estado, previsto en la Constitución provincial en el artículo 101, determina que ese organismo es el encargado de defender el patrimonio del fisco, siendo parte legítima en los juicios contenciosos-administrativos y en todo proceso en que se controviertan los intereses provinciales.

A la fecha, la gran mayoría de los juicios por corrupción que afectaron el patrimonio de todos los pampeanos, salvo en los casos de Agüero y Araniz (causa 79.576 p/cobro ordinario de pesos), la fiscalía no presentó demanda alguna. Días atrás el diputado radical Martín Berhongaray presentó un pedido de informes tendientes a que el Poder Ejecutivo informe a la Legislatura las acciones que ha realizado, si es que las inició, contra ex funcionarios condenados por, entre otros delitos, hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, en pos de reparar los perjuicios ocasionados al Estado.