VIEDMA (AV).- El gobierno de Río Negro retoma el plan de eliminación de Viviendas Rionegrinas, planteado hace casi un año, aunque esta sociedad directamente ya no cumple con su objetivo de creación hace 20 años: están suspendidos, sin plazos, los créditos con materiales de construcciones.
El ministro de Obras Públicas, Fernando Vaca Narvaja emplazó para cumplir con la liquidación de Viviendas Rionegrinas, que el gobierno de Alberto Weretilneck se propuso cumplir en abril pasado pero poco se ha concretado.
Ahora, Vaca Narvaja requirió concreciones a Luis Bardeggia, presidente del IPPV y, también, interventor de Viviendas Rionegrinas.
La primera misión: Bardeggia resolverá el número y el listado del personal que el instituto absorberá. El resto -según el ministro- será ubicado en las otras sociedades públicas.
La reformulación de Viviendas está pendiente aunque, de hecho, la razón de ser de la sociedad ya no existe. Ese organismo no otorga más créditos. La respuesta al público: "están suspendidos sin fecha".
El desfinanciamiento de la empresa fue desactivando cualquier operatoria. El último plan crediticio, suspendido pero todavía publicado en la pagina web de la sociedad estatal, prevé préstamos de hasta 8.000 pesos, con plazos de devolución de 36 meses.
Viviendas cumplirá 20 años en marzo próximo. Su creación replicó a partir del banco de Materiales del Perú. Bajo el nombre de Casase, este organismo se orientó al "otorgamiento de créditos para la provisión de infraestructura básica comunitaria". Se ofrecían "de doscientos" materiales de construcciones para levantar una vivienda completa.
Los últimos presupuestos superaron los 22 millones de pesos, con un déficit anual cercano a los 2 millones. Esta situación fue licuando cualquier recurso de Viviendas Rionegrinas para sus planes crediticios. Su achicamiento se profundizó y el financiamiento sirvió para el sostenimiento de la estructura. En principio, se establecieron cupos mensuales en los préstamos pero, últimamente, todos los programas se mantienen suspendidos.
El gasto mensual de la estructura ronda el millón de pesos. El IPPV y la Tesorería provincial asisten el déficit, planteándose –como malos resultados– algún aporte provincial para la capitalización. Ya en el 2009, la contracción fue notable y se requerían transferencias de capital del Estado "para cumplir con los objetivos de la empresa es necesario inyectarle liquidez". Hasta la crisis del 2001, Viviendas había logrado otorgar unos 15 mil préstamos en materiales en ocho años, es decir, entre 1.600 a 1.900 créditos anuales. Desde aquel entonces el organismo no pudo recuperarse del desfinanciamiento y de la desinversión.
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