El gobierno provincial inició el proceso de jubilación de 1.200 estatales, que deberán acogerse a ese beneficio en forma perentoria este año ya que llegaron a los 60 años de edad, las mujeres y 65 los hombres. Las diversas reparticiones comenzaron el envío de comunicaciones en relación a que deben iniciar los trámites en el marco del Estatuto General para el personal de la administración pública.

La actual administración resolvió avanzar en este proceso cuando en los últimos años se mantuvo a personal con edad jubilatoria. Ahora, el gobierno se ajusta a la legislación que autoriza a continuar la prestación de servicios por un lapso no mayor a los seis meses o hasta que se le acuerde el beneficio, el que sea menor, a cuyo término será dado de baja.

Los telegramas, en carácter de "preaviso", dan cuenta de que "vencido el plazo indicado, y no habiéndose obtenido antes la jubilación, se considerará extinguida la relación laboral".

La mayor cantidad en condiciones de irse serían del Ministerio de Salud Pública. Alrededor de 250 personas, principalmente del sexo femenino.

El secretario de la Función Pública, Sandro Chaina, reconoció los trámites que están llevando a cabo las oficinas de recursos humanos señalando que si bien "la gente hace el análisis de que le conviene quedarse en el Estado, debemos mirar y pensar en las nuevas generaciones para que los jóvenes puedan acceder a su primer empleo".

Aclaró a "Río Negro" que la medida adoptada por el gobierno "no es un ajuste ni retiro anticipado" y la "variable (de ajuste) no pasa por el empleo" sino que "se debe tener la edad" y dentro de un contexto "natural". Señaló su aspiración para el año próximo (que tendrán posibilidad otro millar de empleados) de hacer este tipo de trámite "todos los meses".

Aun así, consideró que "si seguimos acumulando gente en el Estado no vamos a tener jóvenes, por eso estamos trabajando con la Anses, y observamos que ingresó gente sin que el Estado haya hecho una proyección del gasto económico" con lo cual "no hubo planificación" en la política de empleo.

A su entender, la planta de (45.000) trabajadores "está sobredimensionada". Puso como ejemplo que el 75% de los ingresos de la provincia deben asignarse a masa salarial, y sólo queda un 25% para funcionamiento.

En cuanto a ciertas resistencias que puede causar la medida en los bolsillos de los estatales, tomando en cuenta que se estima que deberán afrontar una baja salarial –percibiendo un promedio de un 72%-, el funcionario provincial reveló que se estudiará un "blanqueo" de los adicionales compatibilizándose criterios en consonancia con la Ley Nº 4.640.