La irrupción del Ejecutivo como actor protagónico en la administración del Servicio concesionado de la Autopista Buenos Aires La Plata y el reconocimiento que hizo el actual ministro del área, Alejandro Arlía, sobre la necesidad de reformular las tarifas del peaje, encendió luces de alerta en el marco de la causa judicial que paralizó el anterior tarifazo.
La idea, según trascendió, es que la Justicia dictamine esa designación a los efectos de tener injerencia en la negociación que dejó abierta el traspaso del control a la órbita provincial. Ayer, Arlía defendió la posición de la empresa, y admitió que el Ejecutivo intentará “destrabar” la suba del peaje, tal como pretende Coviares.
“Desde la empresa y desde la Provincia se empieza a hablar de renegociación y de aumento de tarifas, pero todo ello está parado en la Justicia”, aseguró D’Alessandro, uno de los abogados firmantes, quien calificó la maniobra de traspaso a la Provincia, como “puro gatopardismo: todo cambia, para que nada cambie”.
El legislador denarvaísta evitó, no obstante, confrontar con el Ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, al calificar sus dichos como “bienintencionados”, pero –advirtió- “la experiencia indica que a las promesas de Coviares, se las lleva el viento”.
“Cuando Arlía dice que se constituiría un Fideicomiso, parece no reparar en que desde el año 2007Coviares no respeta el que se constituyó en Provincia Mandatos, y tenía que ser la garantía del pago del préstamo que la empresa jamás devolvió a la Provincia”, aseguró D’Alessandro.
Además, minimizó la injerencia que puede tener la Legislatura en la culminación del trámite de traspaso, al asegurar que el paso por el parlamento “es un mero formalismo: es apenas una comunicación de lo que ya se decidió en otros ámbitos, y nosotros no somos una escribanía de Gobierno”.
Ahora, el juez a cargo de la causa que concedió el amparo que tiene trabada la suba de tarifas, deberá resolver si designa a un veedor-interventor, cuyo rol sería determinante en las negociaciones que se abren, ahora, con el traspaso a la órbita del Ejecutivo provincial.
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