Cuando asoma otra vez el debate por la reforma de la ley previsional, cuyo tratamiento anterior generó una áspera polémica, la media sanción que Diputados le dio este último miércoles a un proyecto para que el Tesoro provincial se haga cargo del déficit que provocan controvertidas legislaciones vigentes, que son su responsabilidad dejó al descubierto que la Administración correntina es la “culpable” del desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social (IPS).

En la sesión de este último miércoles de la Cámara de Diputados, dicho cuerpo legislativo aprobó y le dio media sanción a un proyecto de ley autoría del liberal Ramón Simón. En dicha iniciativa se detalla que las leyes previsionales especiales conocidas como “Policial” y “Bancaria” (que alcanzan a retirados de la Fuerza del orden y empleados del Banco de Corrientes) son deficitarias y que, al ser sancionadas, el Estado provincial estaba en conocimiento de ello. Por esa razón, tales legislaciones designan al Tesoro correntino como fuente de financiamiento.

Sin embargo, en la práctica, ello no se cumplió; o, por lo menos, se cumplimentó a medias. En años anteriores, el Tesoro provincial no remitió el equivalente al déficit que provocaron las leyes 3439 -Régimen de retiros y pensiones policiales- y 4588 -Derecho de excepción para acogerse a beneficios jubilatorios a empleados de la sociedad de economía mixta “Banco de la Provincia de Corrientes”-.

Lo normal era que el IPS obtuviera los fondos para salvar dicho déficit (y pagar así a los policías y bancarios del sector pasivo) del régimen general, es decir de lo que aportan los activos del resto de las reparticiones del Estado provincial y que se destina a abonar el resto de las jubilaciones.

Cuando llegaba fin de año y el IPS se encontraba sin recursos y con un rojo millonario, recién entonces el Estado provincial acudía “al rescate”. Pero nunca en los valores que la Ley le exige.

A modo de ejemplo, en el cierre del 2009, la ley “Policial” generó un déficit de 25 millones de pesos y la “Bancaria” otros 15 millones. A pesar de que el IPS recurriera a los fondos del régimen general (que, en realidad, no debería tocar para salvar el saldo negativo) el rojo anual ascendió a 18,5 millones. Y ésta fue la cifra girada por el Gobierno provincial a pesar de que la legislación claramente detalla que tuvo que haber remitido 40 millones.

El proyecto de Simón, que logró la media sanción el miércoles pasado, establece que el IPS deberá efectuar el cálculo de los fondos necesarios para el pago de los beneficios otorgados por ambas leyes e incluirlo en el Presupuesto General del Organismo.

El artículo 2º de la iniciativa, que ahora deberá ser estudiada por el Senado, detalla que el Ministerio de Hacienda debe incluir este valor deficitario, señalado por el IPS, en el Presupuesto General de Recursos y Egresos que gira anualmente a la Legislatura para su aprobación.

De esta manera, el IPS tendría asegurado el dinero para saldar el déficit que provocan las leyes “Policial” y “Bancaria” sin recurrir a los fondos del régimen general, tal como debería haber ocurrido desde un primer momento. De todas maneras, todavía hay que esperar la determinación que adoptará el Senado en relación con el proyecto de ley de autoría de Simón.

Tales incumplimientos del Gobierno provincial con el IPS generaron una gigantesca deuda. En el último encuentro entre la titular del organismo provisional, Estela Regidor, y los diputados provinciales, el pasado 7 de julio, la funcionaria dejó un informe donde detalló que el Tesoro correntino le debe unos 300 millones de pesos a la entidad que encabeza.

A este monto hay que agregar los 100 millones de pesos que la ANSES adeudaba al IPS y que ingresaron como parte de la negociación por la refinanciación de los pasivos de la Provincia. Es decir, también hay que adicionarle a la deuda del Estado correntino con el órgano previsional.

“Si el Tesoro provincial gira lo que le adeuda al IPS y anualmente destina los montos suficientes para saldar el déficit que generan las leyes ‘Policial’ y ‘Bancaria’, el organismo sería superhavitario y podría pagar sin inconvenientes el 82% sobre los mejores 120 salarios”, comentó Simón a “época”.

La pretensión de la mejora jubilatoria está contenida en el proyecto de reforma de la ley previsional. El mismo tiene media sanción del Senado pero, sin embargo, no pudo sortear Diputados, donde el oficialismo y sus aliados legislativos no emiten despacho de comisión y mantienen frenada indefinidamente la iniciativa.

Es que el bloque que responde al gobernador, Ricardo Colombi, en la Cámara baja asegura que el IPS es deficitario y no tiene fondos para hacer frente a la mejora. Dichos diputados entienden que si se aplica el 82% sobre los mejores 120 salarios implicaría una erogación extra anual superior a los 123 millones de pesos.

Además, el Gobernador había afirmado (en varias oportunidades, durante el estudio del proyecto de reforma previsional en Diputados) que vetaría la iniciativa si ésta se convirtiera en ley e instó a los legisladores que indiquen de dónde se obtendrían los fondos para abonar la mejora en las jubilaciones.

Sobre esta última declaración del Mandatario provincial, los legisladores que respaldan la reforma previsional entienden que, con la remisión de los montos adeudados y la garantía de que el Tesoro provincial girará las partidas presupuestadas por las leyes “Policial” y “Bancaria”, la excusa del oficialismo carecería de sustento.

Por lo pronto, el proyecto de reforma previsional debería ser tratado con “preferencia” por Diputados el 6 de octubre. Si la iniciativa llega sin despacho de comisión (lo que parece que sucederá) podría reiterar la reciente historia, regresar al órgano consultivo y esperar sin fecha definida para su evaluación en el recinto.