“En esta etapa procesal, estamos absolutamente seguros de que acá no hay un único responsable”. La frase, reveladora, la pronunció ayer, pasadas las 20, el abogado Marcos Rodríguez Allende en la puerta del Seminario Arquidiocesano de Paraná, después de participar de una inspección judicial a las instalaciones de la casa de formación sacerdotal ubicada en la zona del Brete.

El trámite fue ordenado por el juez de Instrucción Alejandro Grippo, que lleva adelante la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, que investiga las denuncias de cinco víctimas contra el cura que fue prefecto de disciplina en el Seminario Menor entre 1985 y 1993.

De la inspección participaron el magistrado, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, y el grupo de abogados querellantes –además de Rodríguez Allende, Walter Rolandelli, Marcelo Baridón, Álvaro Piérola y Milton Urrutia. El procedimiento se inició a las 19 y concluyó una hora después. Incluyó un recorrido por la habitación que ocupó Ilarraz en el primer piso del Seminario, los pabellones adonde duermen los pupilos y la capilla del Menor.

No estuvieron solos en el recorrido. Los acompañó el rector del Seminario, Mario Alberto Haller, y, entre otros, el vicario general de la diócesis, Eduardo Tánger, y el abogado de la Curia, Mario Martínez. “No se los vio muy contentos con la inspección”, dijo una fuente judicial consultada por EL DIARIO.

La tarea apuntó a certificar los testimonios brindados por las cinco víctimas que han declarado en la Justicia, y que han ubicado a la habitación de Ilarraz como el lugar adonde se concretaban los abusos, un sitio que permanece exactamente igual. Y también en los pabellones adonde duermen los alumnos pupilos de primero y segundo año del Seminario Menor, una secundaria confesional orientada al sacerdocio, cuya fisonomía actual es totalmente diferente a como era dos décadas atrás. La principal diferencia es la privacidad que ahora tienen los menores, que duermen en habitaciones compartidas de no más de cuatro camas.

MÁS ARRIBA. Concluida la inspección judicial, Rodríguez Allende, uno de los querellantes que representa a una de las cinco víctimas, se mostró conforme con el resultado.

“El balance es altamente importante. Debemos tener en cuenta que todos los abusos que terminan luego en corrupción sucedieron en la habitación que utilizaba Justo Ilarraz. A la querella le interesaron las dimensiones y las características de esa habitación, que coinciden absolutamente en un todo con las declaraciones testimoniales”, apuntó, y concluyó que tras la visita al Seminario quedó certificado la “veracidad” de los dichos de todas las víctimas.

Respecto de lo que vendrá de aquí en más en el trámite judicial, Rodríguez Allende confirmó el adelanto hecho por EL DIARIO en su edición del domingo en cuanto a que pedirá la imputación de dos arzobispos eméritos en la causa Ilarraz: el cardenal Estanislao Esteban Karlic y Mario Luis Bautista Maulión. “Vamos a requerir medidas probatorias que van a ser muy importantes. En esta etapa procesal, estamos absolutamente seguros de que acá no hay un único responsable, que es el señor Justo Ilarraz. Justo Ilarraz es únicamente responsable de los abusos sexuales cometidos a menores. Pero hay otras responsabilidades, que esta semana las vamos a dar a conocer”.

HAY PRUEBAS. El argumento de la querella que representan Marcos Rodríguez Allende y Walter Rolandelli es que la línea de responsabilidad por el caso de los abusos del cura Ilarraz alcanza a Karlic, por cuanto fue quien en 1995 ordenó la apertura de una investigación diocesana por los abusos, y en 1996, a partir de los resultados obtenidos, le aplicó al cura una sanción que consistió en prohibirle pisar Paraná.

En ningún momento, el cardenal creyó necesario acudir con esas pruebas a la Justicia. Para peor, a las víctimas que declararon ante el sumariante, el cura Silvio Fariña Vaccarezza, abogado, actual párroco de la Iglesia Catedral, se les impuso la obligación de guardar secreto de todo lo sucedido mientras fueron pupilos en el Seminario, y Justo Ilarraz fue su responsable directo.

Además, el propio Karlic en 1993 autorizó a Ilarraz a viajar a Italia a formarse en misionología, y le gestionó personalmente un lugar adonde alojarse en la Iglesia Argentina en Roma.

Respecto de Maulión, el razonamiento es que también tuvo conocimiento de los abusos cometidos por Ilarraz, y tampoco habría acudido a la Justicia a denunciarlo. El ahora arzobispo emérito de Paraná aunque residente en Rosario, recibió en 2010 una carta firmada por ocho curas pidiéndole que Ilarraz fuera suspendido en el ejercicio sacerdotal y además para que se pusiera en conocimiento a la Justicia de los hechos. Fue firmada por los sacerdotes que integran el denominado decanato III de la diócesis de Paraná y presentada el 15 de septiembre de 2010 y puesta en manos de Maulión, y en el texto dieron cuenta de la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná.

Volver

Milton Urrutia volvió a pisar el Seminario ayer, 19 años después de haberse ido sin ninguna intención de volver. Ni siquiera había vuelto a recoger el título de bachiller después que terminó de cursar las clases, en diciembre de 1983; una hermana lo hizo por él. La experiencia traumática de los cinco años que estuvo allí adentro, donde completó sus estudios secundarios, la certeza de estar al tanto de todo cuanto ocurría entre el cura Ilarraz y los menores pupilos lo enemistaron para siempre con todo aquello. Ayer volvió como abogado querellante, pero en algún momento se desprendió de todo eso y recordó el día exacto que ingresó, el encuentro con los compañeros de curso, las clases, la calidez del padre Andrés Senger, la presencia paternal de monseñor José María Mestres, entreverado con el dolor y el escarnio que vinieron después. “Me acordé de todo”, dice Urrutia, y se entiende de qué totalidad habla. Dice también que torció la rutina del procedimiento judicial, y se permitió recorrer las tumbas de Senger y de Mestres, y acercarse a la capilla del Mayor. Después, la habitación de Ilarraz. “Está igual”, acuerda. Sólo que ahora tiene otro morador, el padre Leonardo Yacob, actual director espiritual. Sólo encontró cambiados los pabellones de los pupilos, y se sorprendió por el abandono general.

El rector no da entrevistas

La prensa no tuvo acceso ayer a las instalaciones del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo durante la inspección judicial. La disposición fue tomada por su rector, el cura Mario Alberto Haller, quien lo justificó en dos motivos: que a él “nadie lo notificó de nada”, con lo cual dio por hecho que desde la Justicia no hubo una comunicación formal. Pero además, dijo que se trata de “una entidad privada”, por lo cual está en su derecho de disponer el cierre de las instalaciones. En realidad, la inspección se realizó en el denominado Seminario Menor, una escuela secundaria confesional pública de gestión privada.

El Instituto Seminario Secundario D-60 se sostiene, como cualquier otra escuela privada, con aportes del Estado para el pago de los salarios docentes. Lo curioso es que la custodia de las instalaciones del Seminario fue entregada a una empresa de seguridad privada, que desde el viernes apostó personal en el lugar.

—¿Pusieron guardia privada por este tema? –preguntó EL DIARIO.

—Puede haberla –respondió Haller, entre dubitativo e impreciso.

—¿Por qué razón?

—No le estoy dando una entrevista –cerró el diálogo-.