Es que según Julio Martínez desde el partido centenario no se descarta pedir el juicio político contra los integrantes del máximo órgano judicial de la provincia debido al rechazo por parte de estos a una presentación en el que el radicalismo denuncia irregularidades en la designación de los flamantes jueces Claudio Ana, Luis Brizuela y Emilio Pagotto. El argumento de la UCR.
La semana pasada los miembros del opositor Frente Cívico denunciaron, conferencia de prensa mediante, el rechazo de la última presentación efectuada por la irregular designación de los miembros del STJ, puntualmente de los flamantes jueces Claudio Ana, Luis Brizuela y Emilio Pagotto.
En ese orden, el legislador riojano dijo que buscarán que la Corte Suprema intervenga el máximo órgano judicial riojano porque a su entender no se cumplimentaron los pasos legales previstos en la designación de sus integrantes como indica el decreto 473 que data del año 2004 y fue dictaminado durante el gobierno del destituido ex gobernador Ángel Maza. Es por ello que se llevó a cabo la reunión entre las máximas autoridades partidarias y legislativas del radicalismo nacional.
“Cuando nosotros reclamamos sobre el Decreto 473 nos dijeron que estaba derogado pero nunca fue publicado en el Boletín Oficial su derogación”, argumentó Martínez. También denunció la violación a la Ley de Ética Pública ya que “el diputado provincial Délflor Brizuela votó a favor de su hermano, lo cual taxativamente ésta ley lo prohíbe”. A su vez comentó que ante ésta última acción hicieron una presentación la cual fue rechazada y que por la misma presentarán un recurso ante la Corte Suprema.
A su vez, la candidata a diputada nacional Inés Brizuela y Doria dijo “que luego de presentado el amparo y del rechazo inlímine que hace el Superior Tribunal en forma unipersonal de nuestra presentación planteamos un recurso de reposición como lo manda nuestra ley procesal, y han resuelto rechazar también éste remedio sosteniendo un argumento que no resiste el más mínimo análisis jurídico ni político porque lo curioso es que dicen que como partido político la UCR no está legitimada para demandar la vigencia del orden constitucional ni del sistema democrático”.
A su vez se preguntó “¿si un partido político, una herramienta esencial del sistema democrático porque así lo establece la Constitución Provincial y Nacional no está habilitado para demandar el respeto a la ley y la Constitución, entonces quien está habilitado y cuáles son las garantías que tienen los ciudadanos comunes que tienen del respeto a la ley y la Constitución?”.
Finalmente, Brizuela y Doria señala que lo más preocupante es que “en ésta segunda etapa los jueces van más allá y respecto a la no publicación del decreto derogatorio del 473 que establecía el régimen de publicidad de sus designaciones, dicen que no es obligación del estado publicar las leyes. Esto nos sorprende porque no hay un solo tomo de ninguna biblioteca en el mundo que pueda sostener ese argumento. Están modificando el código civil que es la ley de fondo que está dictado por el Congreso de la Nación”.
En la reunión mantenida con los representantes de la UCR se acordó tomar los antecedentes de otras provincias como Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes y también la situación que vivió en los distritos de Santa Cruz y San Luis.
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