Si bien está previsto en el artículo 100 de la ley nacional 17.319, y en la ley provincial 2.529 -ésta última aprobada por unanimidad el año pasado en la Legislatura-, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Empresas Operadoras Petrobras S.A. se oponen por cuestiones técnico-legales a efectivizarlas (una por estar en un área concesionada por Nación y la otra porque tiene un contrato directo con la Provincia).

El pedido de los puesteros del oeste de recibir "servidumbres" es urgente (amenazan con piquetes y parar la extracción en los yacimientos), y si bien la mayoría de las petroleras hacen sus respectivos desembolsos, hay dos que no y amenazan con acciones legales.

Aunque a regañadientes, el Poder Ejecutivo Provincial acordó con los diputados no vetar el Programa de Recuperación Productiva, que se convertirá en ley el próximo jueves, y por el cual se condonarán deudas a colonos del área bajo riego del Sistema de Aprovechamiento Agrícola El Sauzal, ubicada en 25 de Mayo, aunque por su elevado costo financiero para las arcas públicas la cuestión parece que no terminará ahí.

Otro proyecto legislativo abre un nuevo frente de tormenta con el Gobierno, pues éste no quiere presionar a las dos petroleras para que paguen la servidumbre -un canon por el uso y explotación de las tierras- a los puesteros y los legisladores sí lo quieren. La razón de no colisionar con ambas empresas es el temor a futuras demandas de quienes explotan los recursos hidrocarburíferos en esa zona.

Unos sí, otros no.

En los fundamentos del proyecto que empezará a tratarse el miércoles, con acuerdos entre los bloques políticos, dice con todas las letras que la iniciativa radica en el mandato de una norma ya sancionada, la cual es un imperativo jurídico previsto en un articulado de aquella ley aprobada por unanimidad el año anterior (la norma amplió la servidumbre a favor de los ocupantes de tierras estatales).

Allí dice taxativamente que "los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fundos afectados por las actividades de aquellos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar, de común acuerdo y en forma optativa y excluyente, los que hubiere determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba por parte de dichos propietarios".

En el año 2009, por unanimidad, la Legislatura aprobó un proyecto de ley, a través del cual, los puesteros y los departamentos del oeste provincial reciben un beneficio económico, resultado de las indemnizaciones previstas en el artículo mencionado, que percibe el Ente Provincial del Río Colorado como autoridad de aplicación, antes por semestre y ahora en forma mensual.

En los hechos, hay varios operadores que pagan el canon a los dueños de la tierra, situación que se encuentra determinada en los contratos que las empresas mantienen con La Pampa.

Lo concreto es que Petrobras no paga aduciendo que tiene el yacimiento Medanito-25 de Mayo en un área nacional que no contempla el pago de servidumbre por el uso de tierras fiscales. A su vez, Petroquímica CR no abona porque dice que no tiene una concesión, sino un contrato con el Estado pampeano que no estipula el canon.

En los fundamentos del proyecto de ley, el oficialismo y la oposición dicen que "un acto de justicia sería que paguen todas las empresas, incluidas Petrobras y PCR, más allá de las objeciones para el no pago por parte de alguna de ellas, y que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda realice las adecuaciones técnico-jurídicas necesarias"

Terminan expresando que "estamos inmersos en una situación coyuntural cuya característica principal es la conflictividad y la crispación. Existe tensión (...), creemos que el Poder Ejecutivo, con la mayor brevedad posible, debería atender esta cuestión que consideramos problemática. Decimos problemática porque la presencia de piquetes y cortes, la nula operatividad de las empresas y la falta de respuesta por parte del Estado, perjudican a todos los habitantes: al verse alterado el normal funcionamiento de los yacimientos, disminuye la producción y directamente se produce un perjuicio económico para la provincia, afectando todos los pampeanos".

A la fecha, el EPRC jamás le cobró a Petrobras y Petroquímica, pese a que la cláusula sexta del contrato que data del año 1991 y por el cual se dio el área en concesión a Petroquímica, lo obliga a pagar servidumbres.

Poder de policía.

Sobre uno de los suelos más inhóspitos, en un ambiente degradado por la explotación petrolera, los productores viven en una economía de subsistencia en una lucha desigual. La ley provincial obliga a pagar servidumbre a las empresas. Si no lo pagan, el EPRC, tiene el poder de policía para reclamarles. Además la ley nacional 17.319, en su artículo 100, señala: "Los permisionarios y concesionarios deben indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios que se causen a los fundos afectados por las actividades de aquellos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los importes o aceptar, de común acuerdo y en forma optativa y excluyente, los que determinare el P.E.N. y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos propietarios".

Los tiempos se acortan y el Ejecutivo y la Legislatura están lejos de converger en un acuerdo, más allá de que Pampetrol -la petrolera provincial- realiza acabadamente el control de la gestión de servidumbre.