La comisión que investiga si es verdad que el vicegobernador Cristian Racconto era espiado por el Poder Ejecutivo como él mismo denunció marcha hacia sus conclusiones finales en medio de contenidas especulaciones políticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición. Esto hace presumir muy difícil la existencia de un único despacho a la hora de un pronunciamiento en los próximos diez días.

Desde el peronismo "oficial" se apunta a hacer tronar el escarmiento contra un Vicegobernador "problemático" que no se ajustó a una tarea en equipo y "complicó la gestión de gobierno al priorizar una autonomía personal" a través de la diferenciación con el oficialismo que integra.

En consecuencia, tanto en la Casa de Gobierno como entre los diputados oficialistas en la Legislatura se apuesta al desgaste de su figura mediante la exposición al ridículo a que lo someterían unas conclusiones que lo presenten haciendo una denuncia sin sustento y por mero afán de notoriedad.

La actitud está en línea con las sanciones políticas ya aplicadas por el Gobierno, como las de dejar de invitar al Vice a las reuniones de gabinete y el vaciamiento de los actos organizados por él, como uno por el Bicentenario que hizo el viernes al que sólo fueron el senador Miguel Serralta y el diputado Luis Orbelli.

Gobernador y vice muestran un estado de relación "sin retorno" luego de que Celso Jaque desestimara las denuncias de Racconto y éste hablara de "relaciones de rodillas" del Gobierno provincial con la Nación. No obstante, en el entorno de Racconto aclaran que sus cuestionamientos y denuncias apuntan al secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, antes que al Gobernador.

Por su parte, la oposición, especialmente cobista y radical, ya parece perfilarse para subrayar "la existencia de irregularidades" en el manejo de las cámaras y del personal de la custodia al Vice.

Por un lado, apunta a subrayar que "existen elementos" que justifican la denuncia penal de Racconto y por el otro, destaca la "ausencia de reglamentación" de las leyes vinculadas a la utilización de cámaras de seguridad en la vía de pública, la falta de "enmascaramientos" en visores ubicados en espacios públicos que en su paneo abarcan sitios privados, las demoras en la reconformación de la custodia del Vice y la existencia de dos civiles con acceso a las pantallas, que son empleados de la empresa que instaló las cámaras.

Es posible también, que desde la oposición se planteen interrogantes en torno a la vinculación de esta firma con el grupo Vila-Manzano y se cuestione la existencia de una terminal de las pantallas en oficinas del Gobernador.

Testimonios finales

La comisión investigadora escuchará esta semana dos testimonios fundamentales que permitirán arribar a definiciones más concretas. Es que el miércoles a primera hora deberán declarar el chofer y el secretario de Racconto, cuyos testimonios se confrontarán con los de los integrantes de la custodia del Vice y de allí podría surgir si hubo o no seguimiento.

Una inspección ocular de la comisión legislativa al centro operacional el viernes pasado, dejó la impresión de que la denuncia de Racconto perdía peso al no mostrar evidencias contundentes de que se podía observar desde la cámara instalada en Peatonal y Patricias Mendocinas lo que sucedía dentro del despacho. Esta semana la comisión espera recibir un informe de la marcha de la investigación judicial en la fiscalía de Santiago Garay, a cargo de la causa por la denuncia del Vice.

Por el momento está claro que, en caso de que aparezca una eventual acusación contra Racconto -por falsa denuncia- ésta no surgirá inicialmente del justicialismo oficialista (que prefiere vaciar de autoridad futuras declaraciones del Vicegobernador y no victimizarlo), aunque todo apunta a que habrá al menos un pedido de juicio político desde el peronismo no oficialista. Y ante esta presentación, es toda una incógnita la actitud que adoptarán los legisladores del oficialismo, sobre los cuales se espera esta semana un pronunciamiento.

Una señal la ofrece un diálogo que mantuvieron un diputado del PJ y otros dos de la oposición poco antes de conformar la comisión investigadora: "Si ustedes ponen el cuchillo en la panza, nosotros sólo tendremos que empujar", dijo el justicialista con tono de chiste, pero con cara muy seria.

Por el momento, la comisión (presidida por el radical Néstor Parés e integrada por el justicialista Gustavo Arenas, los peronistas disidentes Daniel Cassia y Luis Orbelli, el demócrata Roberto Pradines y los cobistas Luis Petri y Patricia Gutiérrez) ha descartado solicitar un informe por escrito al Gobernador (como se evaluó en algún momento e incluso había aceptado Jaque) y todo indica que será muy difícil que encuentre elementos que permitan detectar actividades de "espionaje"