La medida de fuerza, aseguró Aramayo, responde al no tratamiento de un proyecto de ley que lleva ya dos años de elaboración y nueve meses de retraso para su cumplimiento.

“Nos informaron que este proyecto no ha entrado en el orden del día y que no se sabe cuándo va a ser tratado”, dijo el gremialista en declaraciones a los medios.

Aramayo recordó que la resolución del problema cumplió nueve meses, desde la fecha en que tenía que haber entrado en vigencia el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo, a través de la conciliación obligatoria del 29 de diciembre del año pasado. “Esto debía haber entrado en vigencia el 1 de enero. Hoy estamos a 1 de septiembre. Esto es un parto que no termina de alumbrar finalmente la ley que va a modificar nuestras leyes de carrera, que tiene como propósito introducir una bisagra en la política de recursos humanos, en la administración pública, en lo que hace al andarivel profesional, particularmente en el área de salud”, remarcó el sindicalista.

Aramayo precisó que los inconvenientes con los que tropezó el proyecto de ley en la Legislatura provocaron molestias entre los profesionales. “Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, hemos agotado la vía diplomática y administrativa de la gestión, de manera que no nos queda otro camino que convocarnos en asamblea la próxima semana y decidir la línea de inicio de un plan de lucha”.

“Ya tenemos acuerdo de los delegados, que si esto no se trataba, íbamos a exteriorizar nuestra protesta, por la única vía a la que nos lleva o que dejan los que tienen la responsabilidad de que esto se cumpla”, puntualizó.