Pero su puesta en práctica no será una tarea para nada sencilla: tan sólo 20 días después de conseguir su ratificación parlamentaria, la flamante normativa deberá resistir los embates de la huelga general del próximo 29 de septiembre, convocada por las centrales obreras españolas.

La innovación más polémica de esta ley, que enfrentó al gobierno socialista con los sindicatos y la principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP), es la reducción de las indemnizaciones por despido, que pasarán de 45 días por cada año trabajado a sólo 33.

Sin embargo, no sólo los trabajadores en actividad se verían afectados por la reforma: los desempleados que perciben subsidios sufrirán la quita de la prestación en caso de que, dentro de un período máximo de 30 días de la entrada en vigor de la ley, no acepten realizar un curso de formación laboral de los que ofrecen los Servicios Públicos de Empleo.

El difícil clima político vivido en la tarde de ayer tras la sanción de la ley, que apenas fue festejada por una bancada oficialista que logró rechazar todas las enmiendas propuestas por el PP, puso en evidencia la falta de consenso que signó a la reforma desde que el gobierno la propuso, en 2009.

Los sucesivos desencuentros con los titulares de las cámaras empresariales y los líderes sindicales para elaborar un texto conjunto que diera sustento a la futura ley llevaron al presidente español a pasar la reforma por decreto en junio último.

Pero gracias al pacto que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) lograron alcanzar en los últimos días, el gobierno consiguió imponer las normas más polémicas y resistidas aun dentro de las mismas filas socialistas.

Entre ellas, está la de autorizar a un empleador a pagar a su empleado una indemnización de apenas 20 días por año trabajado (25 días menos que en la ley vigente) en caso de que la compañía justifique pérdidas "actuales o previstas" o en la eventualidad de que se registre "una disminución persistente en el nivel de ingresos" de una empresa.

Este último punto, solicitado por los dirigentes empresariales para enfrentar la actual coyuntura de elevado desempleo y caída de la actividad económica, disparó al mismo tiempo la ruptura entre el gobierno y las centrales sindicales, que ya vislumbran una gran adhesión para el primer paro general que realizarán en los 6 años de gobierno de Rodríguez Zapatero