La habilitación de los locales de expansión nocturna en donde se compruebe el ejercicio de la prostitución o bien la trata de personas, caducará de manera automática y definitiva.
Si se constata en alguno de ellos alguna de esas actividades, el Gobierno deberá formular una denuncia ante las autoridades policiales o judiciales competentes y elevar un informe al Concejo Deliberante cada 30 días. “O en menor plazo si la circunstancia y urgencia del caso así lo amerita”, dice el artículo dos de la flamante norma.
El tercero es taxativo: señala que los comercios “serán automáticamente clausurados, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que se prevén en el Código de Faltas Municipal”.
A través de otra ordenanza, también sancionada ayer, la Municipalidad deberá garantizar la asistencia integral de las víctimas de la trata de personas. La intención es “contener la situación de emergencia social que las afecta” en el marco de los establecido por la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata y las leyes y decretos nacionales y provinciales.
Entre las acciones que se prevén está la de brindar asistencia médica y psicológica a las víctimas, así como asegurarles el patrocinio jurídico para hacer los trámites policiales o judiciales correspondientes.
El Municipio también deberá generar mecanismos eficaces de protección y refugio contra eventuales actos de represalia e intimidación, darles alojamiento a las víctimas durante el período en que permanezcan en situación de vulnerabilidad y hasta fomentar la incorporación de niños y adolescentes afectados al sistema formal de educación.
El proyecto había sido redactado por la concejala kirchnerista Verónica Beresiarte y aprobado, antes de la sesión, por las comisiones de Obras, Calidad de Vida y Legislación.
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