Se agregó un artículo que apunta a resguardar los derechos de las trabajadoras sexuales en caso de clausuras o razias. También se incorporarán temas relativos a la trata en las currículas escolares.
La letra final del proyecto, que hace dos semanas envió a la Unicameral el Poder Ejecutivo, agregaría un artículo propuesto por la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar), en el cual “se resguardarán” los derechos de las trabajadoras sexuales a ejercer su actividad, prohibiendo su criminalización en caso de razias o cierre de los establecimientos, según adelantó a este diario el titular del bloque de legisladores de UPC, Sergio Busso.
“Si la mujer que trabaja en una whiskería tiene documentos, es mayor de edad y está voluntariamente”, no quedará bajo la órbita de la Justicia, pero de lo contrario “se considerará que es un víctima de explotación o de trata”, agregó el legislador. Según trascendió desde El Panal, para hacer este agregado, los legisladores de UPC tuvieron que pedir autorización al gobernador José Manuel de la Sota, que está desde el lunes en Estados Unidos.
Además, a pedido de la Unión Cívica Radical, la ley prevé la creación de un sistema de protección para las víctima de la trata, vehiculizado desde el Estado provincial, y la incorporación en las currículas escolares de información sobre este flagelo.
La sanción se daría antes de los plazos anunciados, ya que inicialmente estaba prevista para la semana próxima. Coincidirá con la gira de De la Sota por Washington, donde ayer se reunió con directivos del Banco Mundial, y hoy hará lo propio con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, algunas versiones indicaban que el mandatario gestionó fondos para promover proyectos de reinserción laboral de las meretrices.
Uno de los artículos de la ley más resistidos por las trabajadoras sexuales es el 3b, que define como “lugar de alterne”, a “todos los locales de cualquier tipo abiertos al público o de acceso al público en donde los concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o mujeres contratados para estimular a hacer gasto en su compañía”.
“No nos deja margen para ejercer libremente el trabajo sexual”, afirmaron desde Ammar, entidad que asegura que centenares de mujeres que ejercen la prostitución “tendrán que ir a trabajar a la calle”, donde, aseguran “son perseguidas por la Policia”.
Al Código de Faltas
El proyecto que se aprobaría hoy incorpora al Código de Faltas de la Provincia, la “violación a la prohibición de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos de alterne”, herramienta con la cual la Policía procedería con las clausuras cuando la norma sea promulgada. Además, “sin perjuicio de las penalidades previstas en otros ordenamientos normativos sobre la materia, y la clausura total y definitiva del establecimiento”, se impulsa la sanción “con arresto de hasta sesenta días, no redimible por multa” a quienes violen esta prohibición en toda la Provincia.
Adhesión municipal
La norma invita a los municipios y comunas a adherir a la ley y a derogar en las respectivas normativas municipales los tributos, tasas o contribuciones que cobre a estos establecimientos que serán prohibidos. Busso aseguró que “la mayoría” de los jefes comunales adherirá a la normativa, aunque aclaró que, en caso contrario, la Justicia igual podría proceder a las clausuras.
Por otra parte, y con el objetivo de evitar juicios contra los municipios, el proyecto aclara que se trata de una ley de “orden público” y que nadie puede ampararse en derechos adquiridos previamente.

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