Se aprobó la ley de emergencia administrativa

Se aprobó la ley de emergencia administrativa

Ni siquiera los 25 mil trabajadores que marcharon en horas del mediodía a Gobernación fueron suficientes para evitar que la Legislatura bonaerense aprobara, con incidentes entre los diputados de por medio, la polémica ley de emergencia administrativa y tecnológica. 

 En horas de la mañana miembros de la CTA Autónoma, ATE, Cicop, AJB, Soeme y Suteba, marcharon desde Plaza Italia hasta Gobernación para realizar un enérgico rechazo a la iniciativa que ahora deberá pasar por manos de la gobernadora María Eugenia Vidal para ser finalmente promulgada. 

  “Exigimos que esta ley no se vote. Hoy el Frente Renovador tiene una oportunidad histórica de no votar la ley para no ser cómplices de las corporaciones que descargan la crisis sobre los trabajadores. La historia los juzgará”, dijo el secretario General de ATE provincia, Oscar de Isasi, sobre un escenario montado de espalda a la Gobernación.

  Mientras tanto, los diputados comenzaban a bajar para llevar a cabo posiblemente una de las sesiones más escandalosas del parlamento bonaerense.

  Desde el Frente para la Victoria, los legisladores solicitaron que se permitiese una comisión de representantes gremiales para que ingresara al recinto, moción que fue denegada. 

  En cambio, el presidente de la bancada de Cambiemos, Jorge Silvestre, propuso que la ley fuera votada sin debate previo, cuestión que generó un alboroto que incluyó a un titular del recinto, Jorge Sarghini, a los gritos; y a agresiones hacia el diputado Miguel Funes por parte de un supuesto asesor del líder del Frente Renovador.  

  Así las cosas, entretanto la emergencia fue aprobada, afuera agrupaciones de izquierda encabezadas por Quebracho, destruyeron las rejas de la entrada a la Legislatura y comenzaron a arrojar todo tipo de elemento a los ventanales del palacio, que quedaron completamente destruidos.

La postura de los diputados:  

 

Casi de forma paralela a los incidentes, y entre ellos, los bloques brindaron sendas conferencias de prensa. 

“Cuando vi que se buscaba violentar el debate interno y alterar la cosa, se propuso la moción de orden. Nos solidarizamos con el presidente porque se ha faltado el respeto”, dijo el hombre de Cambiemos Jorge Silvestre, sobre la decisión de no permitir el debate en el recinto.

  A su vez el vicepresidente de la cámara, Manuel Mosca, intentó colocar un manto de calma al explicar que la ley podría tener algunas modificaciones antes de ser reglamentada: “Se va a poner más énfasis en aclarar que esta ley apunta a la modernización de los procesos administrativos, que tiene que ver con poner al estado al servicio de la gente que ya no puede esperar más después de años de gobierno donde ha quedado desmantelado. En ese sentido los trabajadores de la provincia tienen que estar tranquilos”.

  En tanto desde el piso de arriba del palacio legislativo, el hombre del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, señaló que “los campeones de escuchar los problemas dialogando y consensuando, hoy en una sesión en donde se votó una ley que violenta los derechos de los trabajadores de la provincia, rompieron todos los acuerdos políticos que había sido acordados con la propia autoridad de cámara. Se prohibió el debate. Y algunos compañeros tenemos la duda de si estaba la cantidad de votos invocada. Por lo tanto, vamos a pedir que esta sesión se realice devuelta”, expresó luego en conferencia de prensa.   

  Walter Abarca, por su parte, sostuvo que “es un grave atentado a la democracia. Es un hecho inédito que se cercene la palabra. Queríamos dar el debate pese a que sabíamos que los números no nos iban a dar porque la alianza de gobierno entre el frente entre Cambiemos y el Frente renovador tenían la mayoría pero queríamos dar el debate con la expectativa de que a algún diputado que se dice peronista le latiera fuete el corazón a la hora de levantar la mano. 

Qué es la ley de emergencia administrativa y tecnológica:

 

La normativa reduce los plazos de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del estado provincial de 9 a 2 meses; y dicta términos más cortos para que los organismos estatales se expidan sobre los trámites (4 días), minimizando de esta manera las formas de control.

  En tanto, uno de los puntos más controvertidos y discutidos justamente por los gremios, señala que la contratación de “no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia".

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