Los contribuyentes de la tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, más conocida como ABL, pagarán aumentos de hasta el 90% a partir de la revaluación fiscal de sus inmuebles, la suba en los mínimos y los nuevos parámetros para fijar quiénes pagarán adicionales por tener propiedades con elevada tasación.

Quedarán exentos los jubilados y pensionados que no superan los 4.000 pesos de haberes y tengan una propiedad cuya valuación fiscal no exceda los 144 mil pesos.

Tampoco la pagarán las personas de bajos recursos cuyos ingresos mensuales no superan los 2.350 pesos. Para ser beneficiarios de estas eximiciones, debe presentarse una solicitud en la Municipalidad, la cual realizará un estudio socioeconómico de cada caso.

Así quedó establecido en las ordenanzas fiscal e impositiva para el 2012, la cual fue aprobada ayer en el Concejo Deliberante con los votos de la bancada oficialista del FPV y las opositoras --pero también cercanas al justicialismo-- Unión Pro y Unión Celeste y Blanca.

Las bancadas que apoyaron en general las ordenanzas pero no las subas en el ABL fueron la UCR y otras de raigambre radical: Integración Ciudadana y Frente Amplio Progresista.

Guillermo Quevedo (FPV), presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que fue complejo el tratamiento de estas ordenanzas, puesto que las posiciones sobre cómo gravar no fueron diferentes sino antagónicas entre los bloques.

"Este año ha habido un arrastre debido a la valuación fiscal que ajustó la Provincia --del 76%-- pero siguiendo la sintonía fina adoptada por la Nación y la Provincia, el incremento se notará más en aquellos con más capacidad contributiva y menos en los sectores de bajos recursos", sostuvo Quevedo.

A modo de ejemplo, mencionó que en las zonas más pudientes un aumento de hasta el 80% se notará en el 60% de las partidas. En los sectores donde la capacidad contributiva es menor, sólo entre el 2 y el 3% de las partidas registrarán una suba superior al 80%.

Quevedo dijo que para alcanzar un acuerdo con otros bloques opositores se acordó un tope en los aumentos de hasta el 90%, siempre que no se hayan producido mejoras en los inmuebles.

El oficialismo también tuvo que aceptar los planteos de eximición para jubilados, pensionados y personas de bajos recursos, exigidos por los bloques que terminaron acompañando las modificaciones en ABL. De esta manera, el Ejecutivo resignará algo más de 5 millones de pesos en su recaudación anual por este concepto.

Cristina Molina, de Unión Pro, dijo que no acompañaron el aumento de la tasa sino que gestionaron que se establezcan topes tanto para los porcentajes de aumento como para los montos mínimos a aportar en este concepto. A su vez, resaltó que lograron que se afecte el 10% de lo que se recaude por ABL a obras de infraestructura vial, principalmente, repavimentación.

"Las variables como la revaluación, los adicionales o la suba en los mínimos no generarán que una persona pague un incremento superior al 90% de la suma que venía abonando, gracias a este tope", dijo la concejala.

En el proyecto original del Ejecutivo se preveía una suba de las valuaciones fiscales del 76% y un aumento inferior, del 50%, en los parámetros que se utilizan para aplicar aumentos adicionales. Por ello, muchas propiedades se incluirán en estos segmentos teniendo que abonar más por el efecto de dos variables.

Por ejemplo, si tras la mencionada actualización, un inmueble ya edificado pasa a tener una valuación fiscal de entre 184.336,24 pesos y 368.676,48 pesos, su titular tendrá que pagar un recargo adicional del 20%, mientras que si supera el máximo monto mencionado, tendrá que abonar un 30% más por este tributo.

Según Fabio Pierdominici, de Unión Celeste y Blanca, en los cálculos previos de la comuna se leían aumentos de hasta un 180%.

"Hemos tratado de torcerle el brazo todo lo posible al oficialismo, para que ellos aceptaran algunas modificaciones, a las cuales ofrecían mucha resistencia, incluso hasta el día de hoy (por ayer)", comentó.

Entre las modificaciones conseguidas por estos dos bloques, en su negociación con el oficialismo, se incluyó un aumento en la alícuota de la tasa de Seguridad e Higiene que se le cobra al bingo y a las salas de juego --de 45 a 100 por mil-- y a las confiterías y establecimientos similares sin espectáculos --de 19,50 a 70 por mil--. También se aumentó la cantidad de módulos que aportan los barrios parques, los cuales no se verán afectados por la suba en el ABL.

En contra del aumento

Manuel Mendoza, concejal del Frente Amplio Progresista, explicó que no acompañó el incremento de ABL porque la población deberá afrontar otras subas de tributos provinciales, además de la quita de los subsidios nacionales en los servicios de gas y luz.

"En la misma ordenanza fiscal, el oficialismo mencionó que fue hecha en un momento de crisis económica y financiera global que va a afectar el plano económico local, regional y nacional. Esto no va a afectar sólo a las finanzas del municipio sino al bolsillo de todos los bahienses, por eso, el Estado no puede sumar tantos incrementos en este contexto", destacó.

Mendoza dijo que, según una planilla suministrada por la comuna, un vecino de Zelarrayán al 2800 que pagaba 44,28 pesos de ABL pasaría a pagar 100,47 pesos, lo que significa un 126,90% de aumento.

"También es ilógico que el gobierno municipal fije un tope del 90%, porque se tendría que regir por los datos del INDEC, a los cuales el oficialismo defiende continuamente. Entendemos que el Estado no se puede desfinanciar, pero si el gobierno de Cristian Breitenstein no se quiso hacer cargo de un aumento en los impuestos a principios del 2011 porque era un año de elecciones, el ciudadano bahiense no tiene por qué sufrir hoy una suba tan marcada", expresó.

Elisa Quartucci, de Integración Ciudadana, expresó que el Ejecutivo comunal tiene facultades para tener en cuenta las valuaciones fiscales de la Provincia pero no está obligada a hacerlo.

También consideró sumamente excesivo el tope del 90% para los aumentos, porque se realiza en un contexto muy difícil para muchas familias bahienses.

"A lo sumo, tendrían que pagar, como aumento, hasta un porcentaje equivalente al costo de vida del 2011, que fue del 23%. Por ello, nos resulta excesivo que se tome en cuenta la valuación fiscal de la Provincia, del 76%", señaló.

IC tampoco acompañó el aumento en el derecho de cementerio pero sí aprobó el artículo que establece una suba en la tasa ambiental, que recauda los fondos para el control y monitoreo de las grandes industrias del sector portuario-industrial.

Por su parte, la concejala Aloma Sartor, de la UCR, destacó que la Provincia deduce sus tributos tomando en cuenta el 65% de las valuaciones fiscales, mientras que el municipio lo hará en función del 100%.