Antes de que entren en vigencia estas modificaciones al Reglamento General de Construcciones, la municipalidad abrirá por 30 días un régimen excepcional para la declaración de obras sin la correspondiente autorización municipal.

Los proyectos, que parecieron generar un amplio consenso durante su tratamiento en comisiones, terminaron por aprobarse ayer con el aval exclusivo del oficialismo local, la abstención del Frente para la Victoria y los votos en contra de la UCR y la Agrupación Atlántica. En números: hubo 12 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones.

"Esta ordenanza significa un cambio de paradigma en la sanción de obras antirreglamentarias", presentó el miembro informante del bloque de Acción Marplatense, Leandro Laserna. "Era algo muy esperado por los marplatenses", agregó.

A entender del oficialismo, la forma en que hasta ayer estaba redactada la legislación sólo establecía como una opción más la posibilidad de que las obras debieran ser demolidas en caso de presentar irregularidades. "Ahora no van a tener chance de no ser demolidas", lanzó.

Esto pasará con las construcciones que sean más altas de lo permitido, las que generen un cono de sombra que no estaba establecido y las que violen el factores de ocupación y uso de suelo.

Si los propietarios de esas obras no cumplen la norma, deberán pagar una multa bimestral de forma permanente hasta que, en efecto, tiren abajo la construcción.

"Esta medida generará una conciencia colectiva para que este tipo de infracciones no sean cometidas como lo fueron en los últimos años", diferenció Laserna. Y destacó que antes, con el régimen que multaba las obras clandestinas, a los propietarios de grandes edificaciones les convenía seguir pagando por la contravención cometida porque aún así les era rentable el negocio inmobiliario.

Por su parte, al plan de regularización de construcciones no podrán ingresar las que tengan irregularidades graves. "Quedan afuera, entre otras, las que atentan contra la seguridad y la higiene públicas", puntualizó el edil oficialista. En cambio, podrán ingresar las que hayan cometido violaciones leves. Las viviendas de familias en riesgo tendrán un descuento del 100 por ciento en la tasa de construcción y las entidades de bien público, del 50 por ciento.

La intención del gobierno de Gustavo Pulti es reducir al máximo las obras no declaradas. "Queremos tener el catastro actualizado", explicó Laserna. También remarcó que Acción Marplatense tuvo en cuenta la mayoría de las modificaciones propuestas por los colegios profesionales de la actividad.

"Esto es una caja de Pandora", se quejó en el arranque de su intervención el jefe del bloque radical, Nicolás Maiorano, y se mostró asombrado por la cantidad de cambios de último momento que se le habían introducido a los textos que se estaban tratando.

"A veces hablan de que propician un trabajo colectivo, pero hacen todo mal para que no los acompañemos", criticó. "Que vuelva a comisión", propuso enseguida, aunque dijo que su bloque estaba de acuerdo con el espíritu de la ordenanza.

Maiorano recordó que el viernes de la semana pasada, cuando se reunieron las comisiones de Hacienda y Obras con los colegios de arquitectos, técnicos y constructores, su compañero de bancada Eduardo Abud pidió un informe del contador municipal que avalara los proyectos. "Pero Laserna dijo que no era necesario", especificó. "Después, fuimos a la oficina del contador y lo primero que nos dijo era que estábamos por aprobar la ordenanza sin su informe".

El radical insistió en que la medida "es necesaria", pero sostuvo que "hay que modificarle algunas cositas porque si no tiene un fin meramente recaudatorio".

El Frente para la Victoria optó por una posición intermedia: ni el rechazo altisonante ni el apoyo incondicional. "Coincidimos con el planteo que hizo Laserna. Se ha modificado para mejor, se atendieron los reclamos que había, pero falta el informe del contador. Por eso nos vamos a abstener", anunció Fernando Maraude. La misma postura adoptó Hernán Alcolea, que responde al PRO.

Carlos Arroyo (Agrupación Atlántica) no tuvo contemplaciones: "La solución del problema de las obras clandestinas no es tan complicada, pero las distintas administraciones municipales avalaron excepciones durante años. No tendría que haber un piso de más si se hubiera actuado antes, pero la municipalidad no controla nada porque no tiene inspectores o porque, en algunos casos, tampoco tiene voluntad".

Lo que siguió fue el reproche de Acción Marplatense al radicalismo por no apoyar las ordenanzas y la respuesta de la UCR. "Sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Pero quiero aclarar que nunca votamos ninguna excepción en la construcción sin informes técnicos. En cambio, desde el '86 para adelante los concejales de la UCR aprobaron 13 programas de regularización de obras clandestinas. Es decir que, durante esos años, la excepción era la regla", criticó Diego Monti.

El jefe de la bancada oficialista recordó que las administraciones radicales hasta dieron excepciones por decreto. "Pero acá se termina este juego avalado por los concejales y las autoridades de turno", disparó.

Enojada, la radical Vilma Baragiola contestó que también Pulti en su época de concejal había avalado planes de regularización, y criticó al oficialismo por hacer gala del consenso con los colegios profesionales. "No los habían invitado y terminaron aprobando modificaciones que no fueron trabajadas por el bloque oficialista", dijo, y lamentó que "no se hubiera podido trabajar seriamente una ordenanza en conjunto".