Sólo con algunos trabajadores del EPAS en la sesión y en menos de media hora, los legisladores comunales resolvieron el tema y aprobaron por unanimidad el proyecto de 54 artículos.

El tema más controvertido y que generó conflictos durante los últimos meses, que fue la tercerización de algunos servicios a empresas privadas, no se incluyó en el proyecto. "Una ordenanza no puede ir por arriba de una ley, y la legislación provincial del EPAS -la Ley 1763- establece la tercerización", explicó el concejal de Recrear, Marcelo Bermúdez.

"Nosotros aprobamos el marco regulatorio, la organización interna de ellos te la da el EPAS. Luego vendrá el contrato de concesión que es una cuestión unilateral para ligar al municipio y al EPAS", aclaró Bermúdez sobre el tema.

La norma establece el servicio como un "derecho humano" y reconoce al EPAS como el único concesionario del servicio, quien deberá garantizar el mantenimiento, suministro de agua potable, calidad, eficiencia y continuidad del servicio.

En uno de sus artículos se menciona que la ciudad deberá contar con un sistema medido en un plazo no mayor a diez años y que a partir de la aprobación de esta ordenanza toda nueva conexión al servicio de agua potable deberá realizarse bajo el sistema de medición a cargo del mismo usuario. Una vez instalado el medidor se comenzará a pagar bajo este contexto.

También se determió que ante situaciones en que el EPAS tenga que trabajar en la calle, podrá utilizar la vía pública, previo permiso para hacerlo, abonando las tasas correspondientes y luego reparando todo lo que se afectó.

Habrá sanciones para los que no cumplen con el pago: no se aplicará el corte, pero si no se cumple, se reducirá el servicio con delimitadores de caudal.