La legislatura de la provincia de Río Negro aprobó, en primera instancia, un proyecto de Ley de protección del domino de tierras rurales y de limitación a la extranjerización de las mismas. El proyecto fue impulsado por los legisladores César Miguel, Pedro Pessati y Martín Doñate, del Frente para la Victoria; y adhiere a la Ley nacional que establece un régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra en manos de extranjeros.

La Ley nacional 26.737 rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con carácter de orden público; y tiene como objeto determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales, y establecer las obligaciones que nacen del dominio o posesión de dichas tierras. Por otro lado, esta Ley busca regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción. La nueva norma tiene como uno de los ejes centrales la búsqueda de información sobre la situación dominial de tierras fiscales en la provincia de Río Negro, y la forma en que ellas han sido transferidas a personas físicas o jurídicas extranjeras. La desigualdad en la distribución de la tierra en esta provincia se observa con claridad; por eso, el proyecto se fundamenta en esta injusticia estructural en torno a la tenencia y al modo de aprovechamiento de la tierra en la región andina y sur de Río Negro.

Asimismo, se expresa en el proyecto presentado por los legisladores del Frente para la Victoria que “el actual sistema de uso y reparto de la tierra tiene sus cimientos en la explotación del hombre por el hombre, en la especulación ilimitada de los grandes intereses inmobiliarios y en la producción irracional de la riqueza, sin medir consecuencias de ninguna índole. Esa antigua concepción de la propiedad privada es la misma que inhabilita a la tierra para cumplir con su función social, hoy reconocida por el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica – de jerarquía constitucional conforme art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional - , y deriva también en una utilización desmedida de los recursos naturales, incompatible con la sustentabilidad, conservación y con los Derechos Humanos”.

Para los impulsores del proyecto de esta Ley, de adhesión a la Ley nacional mencionada, otra de las principales características de esta norma es la sustancial impronta que se le ha otorgado a la tierra rural, valorizándola como recurso estratégico no renovable. Esto es, sin duda, una bisagra en nuestro orden democrático, debido a que constituye el puntapié inicial de un camino de reconocimiento de derechos a los ciudadanos argentinos, y sienta las bases para la construcción de un pueblo socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Esta iniciativa carga con una fuerte voluntad política que pone el eje en la defensa de los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional, y pone de manifiesto una visión estratégica, respecto al futuro uso de dichos recursos; al mismo tiempo que impulsa el cuidado de los mismos, minimizando la distribución injusta e inequitativa de la tierra, que sólo conlleva la depredación voraz que ha sostenido el sistema capitalista a través de la implementación de políticas neoliberales como modelo único de desarrollo.

De este modo, se aprobó un proyecto de ley, que al igual que la sanción a la ley de adhesión a la norma que modifica la “Ley Pierri” de regularización de la situación habitacional, busca consolidar el camino que conduce a construir una provincia con inclusión social e igualdad de derechos.

Se aprobó una Ley de regularización de la vivienda única y permanente

Por iniciativa de los legisladores provinciales César Miguel, Pedro Pessati y Martín Doñate, del Frente para la Victoria, la Legislatura de la provincia de Río Negro, sancionó una Ley que busca normalizar la situación jurídica dominial de quienes habitan un inmueble y no tienen el título de propiedad. La norma establece la adhesión a la Ley Nacional N°26.493, que amplía los plazos de posesión de un inmueble, para poder ser beneficiario de la Ley Nacional 24.374, conocida como “Ley Pierri”.

La “Ley Pierri”, denominada de ese modo por el apellido de quien fuera su impulsor en la provincia de Buenos Aires, apunta a regularizar la situación de quienes no han podido escriturar y tienen la posesión “lícita” de un inmueble de carácter único y permanente. La norma busca consagrar la seguridad jurídica de la tenencia del inmueble por medio de un mecanismo administrativo. Quienes estén habitando una vivienda, de carácter único y permanente, y acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años, con anterioridad al 1 de enero de 2009, podrán ser beneficiarios de esta Ley.

La persona ocupante debe presentarse ante la Autoridad de Aplicación de la norma; es decir ante el Instituto de Planificación y Promoción de la vivienda (IPPV), y solicitar acogerse al beneficio de la misma adjuntando datos personales y relativos al terreno, así como también una declaración jurada sobre la posesión del inmueble. Luego el IPPV se encargará de comprobar los datos y de realizar un “relevamiento social” para aceptar o no la solicitud. Si la Autoridad de Aplicación acepta la solicitud remite la documentación a las escribanías autorizadas, y luego continua el trámite de modo que, si todo acuerda con lo establecido en la Ley se inscribe el inmueble en el Registro de la Propiedad, detallando que el mismo ha sido inscripto bajo la presente Ley. Una vez que hayan pasado 10 años de la inscripción en el Registro de la Propiedad, y si el titular no presentó acciones judiciales, o si lo hizo pero sin éxito, el ocupante adquiere, de modo automático, el dominio perfecto del inmueble.

Asimismo, cabe destacar que la Autoridad de Aplicación podrá descentralizar sus tareas en los municipios de la provincia, a través de los diferentes organismos municipales relacionados al hábitat y la vivienda social.

La ley sancionada el último jueves en la Legislatura provincial implica un avance en las políticas de derechos humanos. El derecho al acceso a una vivienda digna lo establece la Constitución Nacional; así como también lo manifiesta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, que carga con valor de norma constitucional, a partir de la incorporación de los pactos y tratados internacionales a la Carta Magna argentina en la última reforma de la misma en 1994. Por lo tanto, esta sanción se corresponde con las políticas que ha llevado adelante en los últimos años el gobierno nacional y busca que Río Negro se encamine en ese sentido.

Se investigará la posesión de tierras provinciales obtenidas “bajo protocolos de dudosa legitimidad”

La legislatura de la provincia de Río Negro aprobó la sanción de la Ley de investigación y relevamiento dominial y catastral de tierras de dominio provincial, transferidas a particulares “bajo protocolos jurídicos de dudosa legitimidad”. El proyecto de esta ley fue presentado por los legisladores César Miguel, Martín Doñate y Pedro Pessati, del bloque del Frente para la Victoria; y sumó luego el aporte de Magdalena Odarda de Coalición Cívica-ARI y de Adrián Casadei de la Concertación para el desarrollo.

La nueva norma establece la creación de la Comisión de Investigación y Relevamiento de transferencias de tierras rurales en el ámbito de la provincia de Río Negro, y determina la creación de una comisión especial del Poder Legislativo, que deberá ser integrada por siete legisladores que representen proporcionalmente la composición del cuerpo de parlamentarios.

Entre las funciones de la Comisión se destaca la elaboración de un informe detallado de las transferencias de tierras rurales que hayan pertenecido a la provincia de Río Negro, con precisiones jurídicas acerca de la eventual nulidad de dichas transferencias, y determinando la posibilidad de formular los respectivos reclamos judiciales. En otro orden de cosas, la ley indica que se suspenden por el plazo de 180 días, contados a partir de sanción de la ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares que a la fecha de la sanción se encuentre en trámite.

Los autores del proyecto de ley fundamentaron que la provincia de Río Negro “ha sido observada atentamente debido a particularidades referidas al uso de la propiedad por parte de algunos sujetos, que con total desprecio al sistema jurídico nacional y provincial, han exhibido un señorío casi intolerable en el manejo de sus fundos, impidiendo el acceso de la población a las riquezas naturales de la provincia, e incluso, el acceso a la justicia.

Tal comportamiento se produce fundamentalmente en personas de alto poder adquisitivo y con inmensas extensiones de tierra, configurando no sólo un eventual despojo de los recursos naturales de los rionegrinos, sino también del bien paisajístico del que todos tenemos el derecho de disfrutar”.

Por otra parte, los legisladores manifestaron en el proyecto que el Poder Judicial deberá determinar la existencia o no de la complicidad existente entre los adquirentes de tierras fiscales y muchos funcionarios de las anteriores administraciones, “que con un diáfano desvío de poder han permitido la dilapidación y expoliación de la riqueza que representa la tierra. La tierra aquí comprometida no se está pensando con el único propósito de re-incorporarla al erario público para cumplir una función ociosa, sino que el horizonte de esta primer medida de relevamiento está inscripta en el marco de la justicia social, a fin de que potencie, bajo la intervención inteligente del Estado provincial, la producción y las formas más adecuadas para desplegar la riqueza en nuestro vasto territorio, distribuyendo los beneficios de forma más igualitaria, más equitativa y más justa”.

Luego de aprobarse la ley el legislador por el Frente para la Victoria, César Miguel, manifestó su entusiasmo por la sanción de la norma y valorizó este hecho democrático como un aporte más a la consolidación del rumbo que Río Negro encara en relación al proyecto nacional, popular y democrático que conduce Cristina Fernández. El legislador provincial señaló que la dirigencia política rionegrina debe estar a la altura de la historia y destacó la importancia de la actividad legislativa de este último jueves 29 de marzo, en la que se sancionaron leyes que se encaminan en la construcción de una provincia más justa e igualitaria. Asimismo, César Miguel expresó que esta norma ayudará a investigar las irregularidades en la venta de tierras fiscales por parte de anteriores funcionarios de gobierno, situaciones que han sido reiteradas tanto en la región andina, como en la zona centro y sur de Río Negro.