En otra sesión "caliente", la Cámara de Diputados convirtió en ley el nuevo Código de Ejecución de Pena. El gobernador anticipó que no la vetará, pero el oficialismo confía en que será declarada inconstitucional.
En medio de una sesión con fuertes cruces, principalmente entre el demócrata Aldo Vinci y el justicialista Fabián Miranda, con 25 votos a favor, 16 en contra (todos del PJ), una abstención y seis ausencias, se aprobó la iniciativa elaborada por el diputado radical Luis Petri.
De esta manera, se elevan los estándares de conducta y conceptos exigidos para avanzar en la progresividad del régimen de ejecución de pena. Por ejemplo, se establece que no podrán otorgarse los beneficios de salidas transitorias a aquellos condenados por delitos violentos.
Dentro de estos delitos figuran homicidios agravados por el vinculo; delitos contra la integridad sexual; robo agravado; homicidio en ocasión de robo; tortura seguida de muerte; robo en descampado y en banda; secuestros extorsivos; prostitución infantil y trata personas, entre otros.
Además, dispone que los condenados por cualquiera de estos delitos, tampoco puedan obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni la libertad asistida.
También evita que se concedan los beneficios comprendidos en el período de prueba a los presos reincidentes y a quienes no les corresponda "prima facie" el otorgamiento de la libertad condicional.
El gobernador Francisco Pérez anticipó el pasado 23 de agosto que no vetará la ley, aunque en esa oportunidad dejó traslucir que la estrategia oficial para no contradecir al kirchnerismo es que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional.
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