Además, se habilitó la concreción de obras de rápida concreción para paliar en forma inmediata la problemática que afecta a la capital desde hace más de un mes, y que en algunos sectores de la ciudad se agudizó desde el pasado fin de semana.

Mediante la aprobación de la iniciativa el Parlamento le otorga al Ejecutivo provincial las herramientas para remediar en parte la grave crisis por la que atraviesa Ushuaia, pero en nada disimula la responsabilidad de la actual gestión de Gobierno por las demoras en la búsqueda de soluciones a un problema que se remonta a muchos años. Más aún cuando el funcionario provincial eligió responsabilizar por la crisis a terceros actores, sin asumir las propias culpas de casi cuatro años sin reacción. Una reacción que llegó la semana pasada con el anuncio de un paquete de medidas y obras que incluía la presentación en la Cámara de un proyecto de ley como el que fue aprobado en la sesión de ayer, que fue apenas la quinta en lo que va del año parlamentario.

Sin embargo, la ley sancionada por los legisladores modificó en sus principales puntos a la propuesta gubernamental.

Por un lado, como se dijo, la emergencia tendrá una duración de 60 días a partir de su promulgación con opción a una extensión por otros 30, cuando el Gobierno había propuesto que sea por dos años.

Otro cambio de fondo pasa por los recursos que se afectarán a obras de infraestructura mientras dure la emergencia. Es que el Ejecutivo había proyectado destinar 20 millones de pesos, mientras que los parlamentarios solo habilitaron 1,35 millones para dos obras consideradas de “rápida concreción”.

De acuerdo a lo incluido en el proyecto, los trabajos autorizados son la readecuación de la toma de agua sobre el arroyo Grande para la planta potabilizadora N° 3, a la que se destinarán 700.000 pesos.

La otra es la puesta en marcha de un laboratorio de control del agua que aporta el arroyo Buena Esperanza para la planta potabilizadora N° 2, cuyo costo está proyectado en 650.000 pesos.

En tanto, se dispuso que los recursos para financiar ambas obras provendrán del Fondo Solidario Federal, conocido como Fondo de la Soja, de acuerdo a los términos establecidos por el decreto nacional de necesidad y urgencia N° 206/09.

En ese marco, la ley “autoriza al Ministerio de Economía, dentro de las 48 horas de publicada la ley, a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes a los efectos de la inmediata transferencia de los fondos a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios”.

Por otra parte, la Legislatura dejó sin efecto mientras dure la emergencia el aumento de la tarifa de agua que había dispuesto el Gobierno, y que ya se había aplicado en la factura de septiembre, del orden del 45%.

Mientras tanto, la Cámara también estableció que la ley se aplique solamente en la ciudad de Ushuaia, cuando el Gobierno había propuesto que abarque a toda la provincia.