La Legislatura aprobó ayer la designación de Hugo Acuña como presidente del Tribunal de Cuentas en una reñida votación, donde el pliego obtuvo 19 votos a favor, 12 negativos y una abstención. Desde la oposición hubo reparos al nombramiento por su actuación como funcionario del gobierno de Jorge Sobisch, particularmente en las contrataciones vinculadas al Plan Integral de Seguridad.

En la misma sesión, los diputados aprobaron en particular la ley que aumenta la alícuota de Ingresos Brutos para grandes contribuyentes e incorporaron como modificación la exención impositiva para el transporte ferroviario de pasajeros y las calesitas. Además, sancionaron en general una norma para regular urbanizaciones en zonas rurales y emitieron otras cinco leyes, en su mayoría referidas a la creación de fechas conmemorativas.

El pliego de Acuña se trató cerca de las 20, con votación nominal. La única abstención correspondió al diputado Manuel Fuertes (NCN), quien justificó esta decisión en que compartía las críticas pero consideraba que el postulante no incumplía los requisitos constitucionales para el cargo.

A la hora de los argumentos de los votantes, fue Pablo Todero (PJ) el que abrió el debate. Recordó el pasado de Acuña como impulsor del plan de seguridad de Sobisch y, en tono irónico, afirmó que “está salpicado por el PIS del gobernador, que no era un ataque bacteriológico pero sí fue muy ácido con las arcas de la provincia”. Luego, mencionó las contrataciones directas que se hicieron en el marco de ese plan y afirmó que el postulante defendió entonces que las compras no fueran revisadas por el Tribunal de Cuentas.

Desde el MPN, en tanto, reivindicaron la figura de Acuña como profesional del derecho y pusieron énfasis en que los cuestionamientos se limitaban a consideraciones personales. “Vamos a darle al doctor la oportunidad de que desmienta esas opiniones descalificadoras haciendo una buena gestión en el Tribunal”, replicó José Russo, presidente del bloque oficialista.

Impuesto

En cuanto al incremento de Ingresos Brutos, durante el tratamiento en particular hubo dos pedidos de modificación, de los cuales sólo uno prosperó. Por un lado, Raúl Dobrusín (UNE) solicitó añadir entre las exenciones al impuesto a las calesitas y al transporte de pasajeros en tren, “si bien hoy ese servicio no existe en la provincia”. Esta iniciativa obtuvo acuerdo y se incorporó a la ley, que se sancionó con el número 2810.

Hubo otra propuesta de Russo para agregar la exención impositiva de la venta minorista de combustibles, pero no se votó porque requería de una nueva redacción del artículo y varios legisladores argumentaron que no tenían tiempo suficiente para analizarla.

La regulación de urbanizaciones en zonas rurales, que se aprobó en general, motivó también un fuerte debate por los requisitos que fija para los inversionistas. Beatriz Kreitman (CC-ARI) y Raúl Podestá (Frente Grande) explicaron que no alcanzaron a revisar en detalle la propuesta durante su paso por comisión, pero que consideran insuficientes las garantías ambientales y de infraestructura. La discusión quedó pendiente para el 15 de agosto.